Un juez obliga al Sanatorio Otamendi a proveer de dióxido de cloro a un paciente que presentó un amparo

Por Redacción Curar con Opinión

El uso del producto no está autorizado por ninguna autoridad sanitaria y puede causar irritación de boca, esófago y estómago y un cuadro digestivo irritativo severo, con náuseas, vómitos y diarreas, además de graves trastornos hematológicos, cardiovasculares y renales.

El magistrado Javier Pico Terrero, del Juzgado Civil y Comercial Federal N° 7, hizo lugar al pedido de la familia al considerar que “la cobertura de los tratamientos indicados no ocasionaría un grave perjuicio para la demandada, pero evita, en cambio, el agravamiento de las condiciones de vida de la actora”. Así, el juez ordenó al sanatorio porteño a dar dióxido de cloro a Jorge García Rúa, internado con un cuadro grave de coronavirus. Fue el hijo de su esposa –fallecida por la misma enfermedad-, José María Lorenzo, quien realizó la presentación ante la Justicia Federal.

Lorenzo actuó de acuerdo a las indicaciones del médico del paciente, quien recetó dióxido de cloro pese a no ser una sustancia autorizada. De hecho, tanto la Sociedad Argentina de Infectología (SAI) como la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) alertaron más de una vez sobre su peligrosidad.

 El presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, Omar Sued, advirtió: “Hemos visto muchos casos de muertes por intoxicación de dióxido de cloro y estamos muy preocupados por esta situación. Antes de tomar estas decisiones, los jueces tienen que asesorarse con Sociedades Científicas”. En declaraciones a la prensa, agregó: “Que un juez decida que un médico tiene que aplicar una sustancia para la cual no hay ninguna evidencia científica es realmente preocupante, sobre todo cuando es en forma endovenosa. No es decisión de un magistrado administrar una medicación que no conoce en un paciente, no es su rol”.

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