La tragedia sanitaria causada por el uso de fentanilo contaminado continúa escalando en Argentina. Según datos confirmados por el juez federal Ernesto Kreplak, se ha elevado a 96 el número de personas fallecidas tras recibir este potente analgésico adulterado durante tratamientos médicos.
Por Dr. Daniel Cassola
Desde abril pasado, la alarma se disparó cuando se detectó que ampollas de fentanilo, elaboradas por HLB Pharma Group S.A. junto al Laboratorio Ramallo, habían sido infectadas con bacterias multirresistentes como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii. Estas impurezas fueron responsables del brote de infecciones intrahospitalarias que derivaron en múltiples muertes en varias provincias.
La investigación judicial reveló que más de 300.000 ampollas resultaron afectadas, de las cuales cerca de 45.000 ya habían sido aplicadas a pacientes antes de que el fármaco fuese retirado del uso clínico. El juez Kreplak indicó que no circulan más ampollas contaminadas, aunque sigue en curso la revisión rigurosa de historias clínicas provenientes de más de 200 hospitales del país.
La confirmación de las muertes se ha disgregado en centros de atención de diversas regiones: Formosa, Córdoba, Santa Fe y Bahía Blanca han reportado víctimas fatales, aunque en esta última jurisdicción resta confirmar microscopios con pacientes afectados debido a pérdida de archivos tras inundaciones recientes. Esta heterogeneidad geográfica refleja no solo el alcance del daño sanitario, sino también las dificultades para dimensionarlo con precisión.
Mientras tanto, la causa judicial ha avanzado con medidas contundentes: la ANMAT suspendió la actividad de HLB Pharma y del Laboratorio Ramallo, producto de hallazgos sobre graves irregularidades en los procesos de producción, incluyendo falta de validaciones y riesgos sanitarios detectados en inspecciones previas al brote. Además, se encuentran inhibidos bienes y se prohibió la salida del país a 24 sospechosos, entre ellos altos ejecutivos y directivos vinculados a las empresas señaladas.
El drama ha trascendido el ámbito sanitario y judicial, alcanzando la esfera política. La Cámara de Diputados unificó cinco iniciativas parlamentarias para exigir al Ejecutivo información precisa sobre los controles que debieron existir y por qué supuestamente fallaron. También municipios como Rosario se han presentado formalmente como querellantes en la causa judicial, aportando pruebas al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica desde las primeras etapas de la investigación.
Aunque en los primeros reportes, a fines de mayo, se hablaba de 15 muertes y 66 casos afectados y en junio la Justicia ya confirmaba 52 decesos y 76 contagios confirmados, la cifra actual de 96 víctimas fatales representa un verdadero salto cualitativo en magnitud y dolor social.
La causa judicial sigue abierta, con sospechosos a la espera de imputación formal, y el país exige respuestas y cambios profundos para garantizar que algo similar no se repita.
