Por Redacción Curar con Opinión
En una controvertida decisión, el Gobierno ha anunciado la disolución de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, justo en la semana en que se conmemora Ni Una Menos y con cifras de femicidios en aumento. Esta subsecretaría, que había quedado como el remanente del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, era la encargada de implementar políticas integrales para prevenir la violencia de género y asistir a las víctimas y sus familias.
Hace dos semanas, la Subsecretaría había sido transferida de la cartera de Capital Humano al Ministerio de Justicia, con algunas de sus funciones absorbidas por esta última. Este jueves, se conoció la renuncia «indeclinable» de Claudia Barcia, quien lideraba la Subsecretaría desde febrero. En su carta de renuncia, Barcia explicó que tomó la decisión luego de que el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, le comunicara por WhatsApp a las 19:57 del miércoles que la Subsecretaría “dejará de existir”. El Ministerio de Justicia confirmó la medida posteriormente.
Barcia, que había trabajado anteriormente en la fiscalía especializada en Violencia de Género de CABA, no asistió a su oficina este jueves ni se despidió de las trabajadoras. Las 650 empleadas de la Subsecretaría se encuentran en estado de asamblea ante la incertidumbre sobre su futuro. Mientras algunas serán transferidas a la Secretaría de Derechos Humanos y otras a la de Justicia, se teme que un 80% del personal sea despedido, siguiendo el nuevo recorte de empleados públicos anunciado por el presidente Javier Milei para mediados de año.
Este mediodía, las trabajadoras realizaron una radio abierta frente a la sede de la Subsecretaría en Paseo Colón 181. Las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres y diversidades denunciaron la medida como un retroceso significativo. Luci Cavallero, del colectivo Ni Una Menos, expresó: “A pocas horas de la manifestación Ni Una Menos, el Gobierno aplica su pedagogía del castigo y amenaza con unos 400 despidos además de disolver la subsecretaría. Vamos a seguir organizadxs y en total solidaridad con la organización sindical del sector, apoyando todas las medidas y acudiendo a instancias internacionales para denunciar la situación si hiciera falta».
Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), advirtió sobre las implicaciones legales y sociales de la medida. «Es muy impactante comprobar cómo pueden sentir orgullo de pisotear el trabajo y la legitimación de una agenda construida de manera colectiva y que trasciende las gestiones políticas. Muestra ignorancia de las obligaciones jurídicas del Estado a nivel nacional y de las obligaciones internacionales. Tendrán que rendir cuentas sobre esto», señaló.
En seis meses de gestión, el gobierno de Milei ha desfinanciado y desarticulado políticas orientadas a prevenir y atender la violencia de género. Según un relevamiento de ELA y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el presupuesto de la Subsecretaría era un 62% más bajo en términos reales que en 2023.
Estela Díaz, a cargo del único Ministerio de Mujeres y Diversidades que queda en el país, lamentó la disolución de la Subsecretaría: «La desaparición de esta entidad es un desprecio brutal por lo público. Necesitamos al Estado para proteger y asistir a las víctimas de violencia de género. En la provincia de Buenos Aires, seguiremos con un Estado presente, profundizando el camino de construir el Ministerio y transversalizar la perspectiva de género», afirmó Díaz.
Mabel Bianco, titular de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), criticó la desaparición de la Subsecretaría y expresó preocupación por el futuro de programas clave como la Línea 144 y el Registro Único de casos. «Están desmembrando sus funciones. Es un retroceso muy grande», declaró.
La diputada justicialista Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara baja, acompañó a las trabajadoras en su protesta. «El gobierno de Milei sumó un nuevo eslabón a la larga cadena de actos contra las mujeres, lesbianas, travestis y trans. Promueve discursos de odio, habilita la violencia y niega la desigualdad por motivos de género», sostuvo Macha. «La disolución del área no es solo un problema de política pública sino también un mensaje hacia la sociedad: la violencia contra las mujeres no importa».
