Por Redacción Curar con Opinión
En una controvertida medida, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) ha modificado la normativa que regula la provisión de la Fuente Alternativa de Energía (FAE) para los inscriptos en el Registro de Electrodependientes. Esta decisión, publicada este jueves bajo las resoluciones 329/2024 y 330/2024, firmadas por el interventor del ENRE, Dario Oscar Arrué, flexibiliza los plazos de respuesta de las distribuidoras eléctricas, poniendo en riesgo la vida de las personas que dependen del suministro eléctrico por cuestiones de salud.
La Resolución 329/2024 extiende el plazo para que las empresas distribuidoras, como Edenor y Edesur, atiendan denuncias por falta de electricidad. Anteriormente, tenían 48 horas, sin diferenciar entre días hábiles e inhábiles, para resolver los cortes de suministro. Ahora, disponen de hasta dos días hábiles, lo que podría ser crítico durante fines de semana largos. Además, las sanciones por incumplimiento se han reformulado: las empresas deberán pagar una multa equivalente a 2.000 kWh por cada día hábil de atraso, con un tope de 500.000 kWh, según la tarifa promedio vigente.
La Resolución 330/2024 deroga tres normativas anteriores que garantizaban la visibilidad de los hogares con electrodependientes ante el ENRE, asegurando una respuesta prioritaria en caso de cortes. Ahora, las distribuidoras tienen un máximo de 30 días hábiles para adecuar y disponer la conexión a una FAE, con sanciones aplicables por incumplimiento.
Para acceder a una FAE, los solicitantes deben estar registrados como Electrodependientes por Cuestiones de Salud y en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), perteneciendo al segmento de menores ingresos (N2). Además, deben informar un domicilio electrónico y un número de contacto. También se requiere un escrito que consigne la patología del paciente y el aparato de electromedicina solicitado, y, en algunos casos, una autorización del propietario de la vivienda acompañada de una copia del contrato de locación o del informe de dominio del inmueble.
La modificación normativa ha generado preocupación entre las familias de personas electrodependientes. Mariela Duarte Vinelli, fundadora de «Luz para ellos», organización que agrupa a familiares de electrodependientes, criticó la medida: «El Estado debe hacer campañas de difusión pertinentes que están dentro de la ley pero no han sido cumplidas adecuadamente. Hoy, muchas familias no están enteradas de que podían solicitar una FAE y ahora estarán desprotegidas bajo la nueva resolución».
Vinelli destacó que las restricciones actuales limitan el acceso a la FAE para familias que no son millonarias pero que tampoco pueden cubrir los costos de las adecuaciones necesarias, que pueden superar los 50.000 pesos. «Las familias con personas electrodependientes enfrentan muchos gastos, más allá de las obras sociales o prepagas, incluyendo medicaciones e insumos que no siempre son cubiertos», explicó.
La reducción de multas a las empresas también afecta a los usuarios, ya que las sanciones ayudaban a solventar las adecuaciones necesarias. «Estas resoluciones favorecen a las empresas y perjudican a las personas electrodependientes y sus familias», concluyó Vinelli.
