Por Redacción Curar con Opinión
La Justicia habilitó la feria judicial para tratar una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) respecto a la crítica situación que atraviesa el Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte, luego de la desvinculación de 200 trabajadores y la intervención del Gobierno de Javier Milei.
El jueves 16 de enero se notificaron los despidos masivos en el hospital, lo que llevó al CELS a solicitar ante el Poder Judicial la habilitación de la feria y la emisión de una medida cautelar que impida la reducción del personal en los equipos interdisciplinarios.
En su escrito, el CELS destacó que «con el despido de psicólogos, médicos clínicos, psiquiatras, farmacéuticos, trabajadores sociales y enfermeros, el hospital pierde a un tercio de su planta dejando varios servicios sin operar». Además, subraya que esta situación afecta directamente el derecho a la vida y la salud de los pacientes, por lo que se requiere una intervención judicial urgente.
La presentación realizada ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal expone la «situación crítica en la que entraron los servicios de guardia, internación, farmacia, atención y cuidados en la urgencia. Esto incumple con las obligaciones del Estado de garantizar el acceso gratuito, igualitario y equitativo a la salud, conforme lo establece la Ley de Salud Mental».
Desde el CELS también señalaron que «las políticas de ajuste del gobierno de Milei provocaron una ‘reestructuración’ dentro de distintas áreas del Ministerio de Salud, lo que incluyó el despido de 1.400 profesionales, entre ellos los del Hospital Bonaparte». Estas medidas también afectaron a otros espacios como el Hospital Posadas, el PAMI y distintas dependencias ministeriales.
En un comunicado difundido en sus redes sociales, el CELS resaltó que «la lucha social y del colectivo de trabajadores y trabajadoras frenó en octubre el intento del Gobierno por cerrar el Bonaparte y lo sostiene en la delicada condición en que está actualmente».
Asimismo, enfatizaron la importancia de que «el Poder Judicial analice el reclamo y ordene garantizar la capacidad de atención con la que contaba antes de la decisión estatal de ‘reestructurar’ los servicios del Bonaparte». La reducción de personal impacta directamente en miles de usuarios que dependen del hospital para recibir tratamiento en salud mental, sin contar con otras alternativas de atención.
