Por Redacción Curar con Opinión
El Ministerio de Salud de la Nación publicó en el Boletín Oficial la resolución 6155/2024, que establece los requisitos mínimos para la habilitación de establecimientos y servicios de salud mental en todo el país. Esta nueva normativa reemplaza y modifica la resolución 4107/2023, buscando optimizar el proceso de habilitación y garantizar un modelo de atención basado en la comunidad, con un enfoque integral y respetuoso de los derechos humanos.
Según informaron desde el gobierno nacional, la normativa tiene como objetivo “promover una respuesta adecuada por parte del Estado a la creciente demanda de atención en salud mental”. Este avance permite habilitar dispositivos y servicios acordes a un modelo comunitario, fomentando la inclusión socio-comunitaria de las personas y asegurando una atención interdisciplinaria, intersectorial y de calidad.
La resolución 4107/2023, ahora modificada, requería una consulta vinculante con la Secretaría de Derechos Humanos para la habilitación y fiscalización de establecimientos. Según las autoridades, este requisito generaba demoras o incluso la imposibilidad de concretar habilitaciones, algo que no estaba en línea con la Ley Nacional de Salud Mental 26657. La nueva normativa ajusta el procedimiento al artículo 34 de la ley mencionada, haciendo que sea más eficiente y expedito.
Este cambio también responde a los principios de simplificación administrativa y buena gestión contemplados en la Ley N° 27.742, garantizando que el proceso de habilitación sea ágil y diligente.
La resolución busca fortalecer la red de servicios mediante la creación de dispositivos comunitarios que transformen la Red Asistencial de Salud Mental. Además, se incorporan medidas para abordar consumos problemáticos y se fomenta el trabajo de equipos interdisciplinarios que aseguren la continuidad de cuidados y una externación sustentable para los pacientes.
En este sentido, las autoridades destacaron que la normativa mejora la accesibilidad, seguridad y calidad de los servicios. Esto no solo contribuye a reducir riesgos en los tratamientos institucionales, sino que también eleva la calidad de los mismos, favoreciendo una atención más efectiva y respetuosa.
