La posibilidad de que Argentina avance hacia la legalización de los cigarrillos electrónicos y otros dispositivos de administración de nicotina encendió una fuerte señal de alarma entre las principales sociedades médicas y organizaciones dedicadas a la salud pública.

Por Dr. Daniel Cassola

Entidades como la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, la Sociedad Argentina de Pediatría y la Fundación Interamericana del Corazón, entre otras, advirtieron que habilitar estos productos significaría un retroceso sanitario y abriría la puerta a nuevas formas de adicción, especialmente entre niños, niñas y adolescentes.

Las organizaciones basan su preocupación en un informe reciente titulado Productos emergentes y daño a la salud: situación en Argentina y recomendaciones (2025), donde concluyen que no existe evidencia científica independiente que avale la idea de que los cigarrillos electrónicos o los dispositivos de tabaco calentado son seguros o representan un riesgo menor que el tabaco convencional.

Lejos de posicionarse como una alternativa menos nociva, estos productos mantienen peligros sustanciales para la salud. De hecho, un metaanálisis citado en el documento revela que el riesgo de enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y trastornos metabólicos entre quienes usan cigarrillos electrónicos es similar al de los fumadores tradicionales. Además, el uso combinado de vapeo y cigarrillos comunes incrementa considerablemente el daño.

A estos hallazgos se suma una revisión publicada en 2025 por Tobacco Control, que encontró asociaciones entre el vapeo y diversos problemas de salud, como neumonías, bronquitis, cefaleas, deterioro de la salud bucal y disminución del recuento de espermatozoides. El conjunto de resultados refuerza la idea de que el vapeo no es inocuo y que presentar sus dispositivos como alternativas más seguras constituye, según las asociaciones firmantes, una estrategia impulsada por la industria tabacalera para reposicionarse en un mercado en transformación.

La preocupación crece aún más al analizar el impacto sobre los adolescentes. La evidencia recopilada indica que estos dispositivos funcionan como una puerta de entrada al consumo de nicotina y, posteriormente, al tabaco combustible. Muchos jóvenes que nunca habían fumado comienzan con cigarrillos electrónicos, atraídos por sus sabores, diseños y presencia en redes sociales, y luego continúan con productos tradicionales.

Las cifras disponibles son contundentes: en Argentina, el 8,9 % de los adolescentes entre 13 y 18 años declara consumir cigarrillos electrónicos; en la Ciudad de Buenos Aires, cerca del 40 % de los jóvenes dijo haber probado algún producto de nicotina; y la Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes ya mostraba en 2018 que un 7,1 % de los estudiantes de entre 13 y 15 años usaba estos dispositivos.

Los especialistas alertan que la industria tabacalera encontró en estas tecnologías un vehículo para recuperar su influencia entre las generaciones más jóvenes. El atractivo de los sabores frutales o dulces, los diseños tecnológicos y la estrategia de marketing digital apuntada a adolescentes compone, según las entidades, un escenario ideal para la captación temprana de consumidores. Legalizar los dispositivos, advierten, significaría ampliarle este margen de acción a una industria cuyo historial en materia de salud pública ha sido objeto de controversia durante décadas.

En el terreno regulatorio, Argentina cuenta con un marco legal robusto que prohíbe la comercialización, importación, distribución y publicidad de cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentado. Esta normativa está respaldada por la Disposición ANMAT 3226/2011 y la Resolución 565/2023 del Ministerio de Salud, ambas adoptadas bajo el principio precautorio. Ese criterio establece que, frente a evidencias suficientes de posibles daños graves, el Estado debe intervenir para proteger la salud de la población incluso cuando la ciencia todavía se encuentra en desarrollo respecto de ciertos aspectos.

Las organizaciones firmantes señalan que esta protección no sólo debe mantenerse, sino fortalecerse. Consideran que la expansión del mercado ilegal, la publicidad encubierta en redes sociales y la disponibilidad creciente de dispositivos en comercios no autorizados exigen un esfuerzo mayor de control estatal. En un comunicado conjunto, destacaron que presentar la legalización como una política de “reducción de daños” constituye una narrativa impulsada por intereses comerciales, y recordaron que las políticas verdaderamente orientadas a disminuir daños se basan en la evidencia científica y en la protección sanitaria, no en la apertura de nuevos mercados.