Por Redacción Curar con Opinión

La Defensoría del Pueblo de la Nación presentó el informe titulado “Contaminación Acústica en la República Argentina. Contribuciones para el debate de un abordaje nacional”, en el que alerta sobre la ausencia de una legislación nacional específica destinada a prevenir y mitigar los efectos del ruido ambiental. El documento advierte que se trata de una problemática en crecimiento, especialmente en zonas urbanas e industriales, y que hoy carece de un marco normativo homogéneo que garantice una protección adecuada para la población.

El trabajo sostiene que la contaminación acústica es uno de los principales riesgos ambientales para la salud. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la exposición prolongada a niveles elevados de ruido puede generar trastornos del sueño, enfermedades cardiovasculares, estrés crónico, pérdida auditiva y deterioro cognitivo, con un impacto particular en niños y niñas. A pesar de esta evidencia, el informe remarca que el ruido sigue siendo subestimado y muchas veces reducido a una simple molestia cotidiana.

En Argentina, la regulación vigente es fragmentaria y desigual. Solo dos jurisdicciones cuentan con leyes específicas sobre contaminación acústica, mientras que en el resto del país la problemática se aborda de manera parcial o queda limitada a ordenanzas municipales. Esta dispersión normativa, según la Defensoría, genera brechas de protección y deja a amplios sectores de la población sin herramientas efectivas para reclamar o prevenir daños.

Desde una perspectiva de derechos humanos, el organismo subraya que el ruido excesivo vulnera derechos fundamentales como el acceso a un ambiente sano, a la salud, al descanso, a una vivienda adecuada y a la igualdad. Estos efectos se intensifican en los sectores más vulnerables, que suelen habitar zonas con mayor exposición sonora y menor capacidad de defensa institucional.

Frente a este escenario, la Defensoría propone avanzar en una ley nacional de presupuestos mínimos que establezca criterios técnicos unificados, límites de exposición, mecanismos de control y sanción, zonificación acústica y herramientas de planificación como mapas de ruido. Además, recomienda fortalecer la coordinación entre Nación, provincias y municipios, promover la educación ambiental y garantizar la participación ciudadana.

“El equilibrio acústico es un bien colectivo y un componente esencial de la calidad de vida”, señala el informe, que busca aportar insumos técnicos para el debate legislativo y la formulación de políticas públicas orientadas a proteger entornos sonoros saludables en todo el país.