El nombre de Solange Musse se convirtió en un símbolo de los excesos y rigideces que marcaron las restricciones sanitarias durante la pandemia. Su historia, atravesada por la enfermedad, el dolor y la imposibilidad de un último abrazo, volvió a ocupar las portadas este septiembre, cuando el jurado popular del tribunal de Río Cuarto resolvió absolver a los dos acusados por impedir que su padre pudiera despedirse de ella en agosto de 2020.

Por Dr. Daniel Cassola

José Fernando Andrada, exdirector del hospital de Huinca Renancó, y Analía Morales, trabajadora social del hospital de Río Cuarto e integrante del COE Regional, enfrentaban cargos por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. La acusación se basaba en su participación en el operativo que bloqueó el ingreso de Pablo Musse a Córdoba, justo cuando su hija Solange agonizaba víctima de un cáncer de mama en estado avanzado.

El 16 de agosto de 2020, en pleno aislamiento y con protocolos estrictos, Pablo Musse emprendió un viaje desde Neuquén acompañado por su cuñada, Paola Oviedo, una mujer con discapacidad motriz que residía en Alta Gracia. Ambos contaban con los permisos de circulación emitidos por el gobierno nacional bajo la causal de fuerza mayor. Sin embargo, al intentar cruzar el control sanitario de Huinca Renancó, se encontraron con un obstáculo: no tenían un PCR negativo con 48 horas de vigencia, requisito impuesto por la provincia de Córdoba.

Aunque los test rápidos realizados en el lugar dieron falsos positivos, la decisión fue terminante: encapsular el vehículo y obligarlos a regresar a Neuquén escoltados por patrulleros. Pablo no pudo avanzar hacia Río Cuarto, donde estaba internada Solange. Cinco días después, la joven falleció sin reencontrarse con su padre.

El proceso judicial se extendió durante varios días con audiencias cargadas de testimonios. Declararon médicos, exfuncionarios, agentes policiales y miembros del Centro de Operaciones de Emergencia (COE). El fiscal Julio Rivero fue categórico en su alegato: aseguró que Andrada y Morales eran responsables de impedir el ingreso y que el protocolo vigente contemplaba excepciones humanitarias. Según su visión, Pablo Musse debía haber sido trasladado al hospital de Río Cuarto para realizar el PCR en lugar de enviarlo de regreso. También recalcó que se vulneraron los derechos de Paola Oviedo, en condición de persona con discapacidad.

Rivero solicitó un año y seis meses de prisión para ambos imputados y pidió además que Solange y su familia fueran reconocidos como víctimas de violencia institucional, con una placa conmemorativa en el límite sur de Córdoba.

La defensa, en cambio, sostuvo que ni Andrada ni Morales tuvieron responsabilidad directa. Argumentaron que las decisiones respondían a una estructura jerárquica más amplia y que se los acusaba por fallas en la investigación. Algunos testigos respaldaron esta postura, defendiendo la aplicación estricta de los protocolos en un contexto de alta incertidumbre sanitaria y sin vacunas disponibles. Otros, en cambio, admitieron que pudo haberse contemplado una excepción humanitaria.

El jurado popular resolvió absolver a Andrada por mayoría y a Morales por unanimidad, dejando sin condena a los señalados como responsables directos de aquel operativo.

La decisión provocó un fuerte impacto en la familia Musse. Pablo se retiró del tribunal con lágrimas en los ojos, convencido de que la justicia le dio la espalda. “No creo que haya justicia”, había dicho antes de la última jornada del juicio. En sus declaraciones insistió en que los verdaderos responsables debían incluir a autoridades nacionales, incluso al entonces presidente Alberto Fernández. “Acá deberían estar desde arriba hacia abajo en el banquillo”, expresó con amargura.

También criticó la falta de sensibilidad al no aplicar el protocolo de excepción en casos terminales y la negativa a derivarlo a un hospital para el hisopado. “Una decisión incorrecta que tomaron, más todo lo que sufrió Paola en el viaje de regreso por su discapacidad”, resumió.

La madre de Solange, por su parte, describió el proceso como un retorno al dolor. “Es como volver atrás de nuevo. Heridas que siguen sangrando”, señaló. Aunque reconoció que los juicios forman parte del camino hacia la verdad, subrayó que ninguna sentencia cierra el vacío dejado por la pérdida.

El de Solange Musse no fue un caso aislado, pero sí se convirtió en un emblema de los dilemas éticos que atravesó la Argentina en tiempos de pandemia. La tensión entre la aplicación rígida de protocolos y la necesidad de humanidad en situaciones límite quedó al descubierto con este episodio.