El Gobierno nacional decidió avanzar con la integración del Instituto Nacional del Cáncer (INC) al ámbito del Ministerio de Salud tras detectar serias irregularidades en la adquisición de medicamentos esenciales.
Por Dr. Daniel Cassola
Según confirmaron fuentes oficiales, durante 2023 se registraron graves fallas en los procesos de compra, entre las que se destaca la adquisición sin control de opioides, lo que provocó el vencimiento de más de 400.000 unidades de morfina y generó importantes pérdidas económicas para el Estado.
La medida fue oficializada a través del Decreto 202/2024, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, donde se establece que el INC dejará de operar como organismo descentralizado para pasar a depender de manera directa de la cartera sanitaria. Desde el Gobierno argumentan que esta decisión busca “optimizar recursos, transparentar los procesos administrativos y reforzar los mecanismos de control” en un área clave para la salud pública.
Uno de los motivos centrales de esta reestructuración fue la detección de irregularidades graves en la compra de medicamentos utilizados en tratamientos oncológicos. De acuerdo con los primeros informes internos, durante el año pasado se adquirieron grandes cantidades de opioides sin seguir criterios claros de cantidad ni precio, lo que derivó en un excedente innecesario y, posteriormente, en el vencimiento de una enorme partida de morfina. Se estima que más de 400.000 dosis tuvieron que ser descartadas, lo que representó no solo un perjuicio económico considerable sino también la pérdida de insumos críticos para pacientes con enfermedades avanzadas.
Ante este panorama, el Ministerio de Salud confirmó que iniciará una auditoría completa de los procesos de compra llevados a cabo entre 2022 y 2023. Según trascendió, los primeros análisis sugieren que hubo licitaciones «infladas» tanto en montos como en volúmenes, lo que habría beneficiado a ciertos proveedores y elevado innecesariamente el gasto público en medicamentos de alta demanda.
A pesar de estos cambios administrativos, las autoridades aseguraron que las prestaciones del Instituto Nacional del Cáncer no se verán afectadas y que los tratamientos, diagnósticos y programas de prevención que lleva adelante continuarán funcionando con normalidad. «El objetivo es mejorar la eficiencia y garantizar que los recursos públicos se usen de manera adecuada para asegurar la mejor atención a los pacientes oncológicos», señalaron desde el Ministerio.
Creado en 2010, el INC desempeña un rol fundamental en la elaboración e implementación de políticas públicas destinadas a reducir la incidencia y mortalidad por cáncer en Argentina. También promueve investigaciones científicas y articula programas de capacitación y prevención en todo el país.
La absorción del Instituto por parte del Ministerio de Salud se enmarca dentro de una estrategia más amplia del Gobierno para revisar y reorganizar distintos organismos del Estado, con foco en mejorar la transparencia y controlar el gasto público. «La salud pública no puede permitirse errores de gestión que deriven en la pérdida de medicamentos esenciales y recursos millonarios. Por eso se tomarán todas las medidas necesarias para corregir estas fallas y evitar que se repitan», indicaron fuentes oficiales.
Con la auditoría ya en marcha y la reestructuración en curso, se espera que en las próximas semanas se conozcan los resultados completos de la revisión de las compras realizadas en los últimos dos años, así como las eventuales sanciones a los responsables de las irregularidades detectadas.
