Las prestaciones de discapacidad en Argentina enfrentan un desafío crítico en medio de una economía marcada por una inflación creciente.

Por Dr. Daniel Cassola

En un contexto en el que la inflación acumuló un 103,2% entre enero y septiembre de este año, los problemas de financiamiento para la prestación de servicios de salud se vuelven cada vez más apremiantes, poniendo en riesgo la calidad de atención a personas con discapacidad.

Este escenario plantea desafíos significativos para el sector de la salud y la educación, lo que ha llevado a medidas como el cobro de bonos para la atención de pacientes, incrementos mensuales en las cuotas de las prepagas, y retrasos en la obtención de turnos médicos.

En particular, las prestaciones vinculadas a la discapacidad han sido afectadas por el desfase entre la inflación y el reajuste de los aranceles cobrados. La Cámara Argentina de Servicios de Apoyo a la Inclusión Educativa (Casaie) advierte que los aranceles han aumentado en un 66% en lo que va del año, mientras que la inflación alcanzó un 103,2%.

Además, las demoras en el cobro de las prestaciones a menudo se extienden a 4 o 5 meses. Este retraso en los pagos ha generado dificultades para encontrar profesionales dispuestos a cubrir los puestos necesarios para brindar acompañamiento a los alumnos con discapacidad en las escuelas.

El trabajo de los grupos interdisciplinarios, que incluye a psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, profesores especiales y coordinadores, es fundamental para el apoyo y acompañamiento de los estudiantes en las escuelas comunes. La prestación educativa está respaldada por la ley 24.901, y el reajuste de aranceles se realiza según un nomenclador nacional. A pesar de los reajustes previstos, al final del año se proyecta un aumento nominal del 92%, en contraste con una inflación estimada en alrededor del 180%.

La falta de cobro en enero y febrero ha hecho que resulte casi inviable trabajar en esta área, lo que a su vez dificulta la contratación de profesionales calificados. Para abordar esta situación, se habían previsto reuniones de diálogo que, hasta la fecha, no se han concretado.

El financiamiento para las prestaciones de discapacidad proviene del Fondo Solidario de Redistribución, que se financia con los aportes de los trabajadores a través de descuentos en sus salarios. Sin embargo, debido a la demora en los pagos, el dinero ya no tiene el mismo valor cuando finalmente llega a los prestadores.

Si bien se han anunciado bonos excepcionales, la complejidad en la presentación de solicitudes ha generado cierta controversia en el sector.