FUENTE: La Nación
Detrás de una gaseosa, un paquete de galletitas o una bolsa de papas fritas existe un mundo inexplorado para muchos. En ese pedregoso terreno se abrirá en esta semana un debate, que enfrentará desafíos, proyectos y temores y que impactará en el futuro de la inversión -y el empleode la poderosa industria alimenticia y en las más ambiciosas políticas de salud del Gobierno para los argentinos, pero sobre todo para los niños.
El oficialismo confirmó a la nacion que reunirá en los próximos días a representantes de los ministerios de Salud, Hacienda y Agroindustria, con el sector académico y las cámaras que nuclean a la industria de la alimentación con la idea de consensuar directrices que, «en base a información científica», guiarán tanto la nutrición de los argentinos como así un negocio que genera millones de pesos y miles de empleos. En el sector trabajan 500.000 personas que generan exportaciones por $ 26.000 millones.
La directora de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud, Verónica Schoj, confirmó a este medio que en esa comisión específica, creada el año pasado pero sin resultados concretos tras dos encuentros, se discutirán cuatro temas: el rotulado frontal de los alimentos altos en azúcar, grasas o sodio; el marketing de los alimentos «no saludables», la regulación de los ambientes escolares y la política fiscal «para desestimular el consumo». La idea es tener un documento a fin de este año para, a través de una ley integral o de varios proyectos, lograr «amesetar» los números de la obesidad infantil, que afectan a 1 de cada 3 chicos.
En otra dependencia del Gobierno confirmaron a la nacion que en todo el mundo se discute si «aquello que hace mal» debe tener más impuestos. El ejemplo referido en esta dependencia como en Salud fue México, que decidió subir las alícuotas a las bebidas azucaradas. «Es verosímil pensar que el oficialismo o la oposición puedan enviar un proyecto así al Congreso», estimaron. «Igualmente, esto no implica que la carga tributaria total sea más alta para ese sector, porque todos van a salir ganando tras la reforma tributaria. Eso sí, puede ser que tengan alícuotas más altas que el agua mineral», indicaron dejando en claro que el asunto aún no está definido.
En la industria de la alimentación afirmaron, en tanto, que no podrían soportarse más impuestos y que acciones en ese sentido implicarían precios más altos que restringirán el consumo y menor competitividad a la hora de exportar. Todo eso, afirman, será menos trabajo para los argentinos y un impacto, sobre todo, a las economías regionales.
Sin embargo, las empresas aclararon que buscan ser proactivas en mejorar la «alimentación equilibrada» y por eso firmaron el 14 de diciembre pasado un convenio marco para promoverla con el ministro de Salud, Jorge Lemus, y su par de Agroindustria, Ricardo Buryaile. Sin embargo, ésto se dio en tiempos que en que todavía estaba coordinando el Programa Nacional de Alimentación Saludable y Prevención de la Obesidad, Alberto Cormillot. Actualmente, el médico considerado un «aliado» por el sector empresarial ya no está, y la nueva interlocutora, Schoj, es considerada más dura.
«El acuerdo se basa en la necesidad de aunar esfuerzos y trabajar mancomunadamente para implementar acciones tendientes a fomentar una alimentación equilibrada de la población, en el que se pueda consensuar y llevar adelante regulaciones necesarias para las metas propuestas», explicó un comunicado de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), la firmante junto a los ministros. El acuerdo justamente convocaba a trabajar la composición de los alimentos y bebidas, el rotulado, la publicidad y el marketing, y los entornos escolares. Nada decía de los impuestos.
