El Ministerio de Salud de la Nación presentó ayer una denuncia penal ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal por presunto fraude en el Examen Único de Ingreso al Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud, realizado el pasado 1° de julio.
Por Dr. Daniel Cassola
La acción judicial involucra a un médico ya identificado y a otros posibles implicados, tras detectarse anomalías en los resultados del examen y la viralización de un video que revela una maniobra sofisticada de copia con tecnología oculta. La decisión del Gobierno surge como respuesta a evidencias concretas de un intento de defraudación a la administración pública.
Según la denuncia, al menos un postulante utilizó anteojos con cámara y auriculares para filmar el examen y enviar las preguntas a un tercero externo, quien devolvía las respuestas a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram. En algunos casos, incluso se habrían utilizado grupos pagos de mensajería instantánea para distribuir las respuestas entre otros aspirantes.
La primera señal de alerta fue la detección de resultados atípicamente altos. Un número considerable de postulantes obtuvo más de 85 puntos sobre 100, un desempeño muy por encima de la media histórica. En muchos casos, los candidatos provenían de universidades de bajo perfil académico y sus rendimientos contrastaban con evaluaciones anteriores de similar dificultad.
Uno de los casos más emblemáticos fue el de un médico que había obtenido 69 puntos en un examen previo y que, sorpresivamente, alcanzó los 92 puntos en el Examen Único. La posterior circulación en redes sociales de un video en el que se lo ve filmando con un dispositivo oculto terminó de confirmar las sospechas.
La cartera sanitaria, encabezada por el ministro Mario Lugones, solicitó a la justicia que se investigue el caso a fondo. Entre las medidas requeridas se incluyen:
- La declaración testimonial de los responsables del control y fiscalización en la sede donde se cometió la infracción.
- El secuestro y análisis forense de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos.
- El rastreo e identificación de los grupos de mensajería utilizados para compartir las respuestas.
- La solicitud de datos a la red social X (ex Twitter), donde se viralizó el video, incluyendo registro de la cuenta, historial de publicaciones y archivo original del material.
- El requerimiento a empresas de telefonía para identificar números, comunicaciones entrantes y salientes, e información de geolocalización de los implicados.
“El ingreso a las residencias médicas es el primer paso para cuidar la salud de los argentinos. Detrás de cada médico hay pacientes que merecen la mejor atención”, afirmó el ministro Lugones en una publicación en la red X. “No vamos a permitir que se acceda al sistema con engaños. Defender el mérito es asegurar calidad, compromiso y responsabilidad en la atención sanitaria”.
La gravedad de lo ocurrido trasciende el plano legal. Desde el Ministerio se advirtió que el daño causado no solo es económico —al haber tenido que incurrir en gastos adicionales para analizar el fraude y reprogramar evaluaciones— sino también ético y potencial. La maniobra buscaba desplazar a profesionales verdaderamente aptos, lo que podría haber comprometido la calidad de atención médica a futuro.
“Este Gobierno asumió el compromiso de terminar con las trampas y los privilegios que se aprovechan del Estado. Vamos a ir hasta el fondo para identificar, denunciar y sancionar a quienes intentaron vulnerar un concurso público”, concluyó el comunicado oficial. La causa continuará en manos del fuero penal federal, que deberá analizar las pruebas y determinar si corresponde avanzar con citaciones a declaración indagatoria.
