Por Redacción Curar con Opinión

El Gobierno nacional presentó en el Senado un proyecto de ley que propone modificar de manera integral el régimen vigente en materia de discapacidad. La iniciativa, denominada “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, introduce cambios en los criterios de acceso a beneficios, establece nuevas condiciones para los titulares y redefine aspectos del sistema de prestaciones.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la implementación de un reempadronamiento obligatorio para todas las personas que perciben pensiones por invalidez. De aprobarse la norma, los beneficiarios deberán volver a acreditar su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. El texto establece que quienes no completen este proceso dentro de los plazos previstos podrán ver suspendido el beneficio.

La iniciativa también prevé mecanismos de control más estrictos, con cruces de información entre distintos organismos públicos como ANSES y otros registros estatales. En caso de detectarse inconsistencias, se habilita la posibilidad de suspender preventivamente la pensión mientras se realiza la verificación correspondiente.

En cuanto a los montos, el proyecto fija la pensión no contributiva en el 70% del haber mínimo jubilatorio y elimina la posibilidad de otorgar adicionales por zona geográfica o invalidez laboral. Además, introduce una incompatibilidad con el empleo formal, lo que implicaría que una persona no podría mantener la pensión si accede a un trabajo registrado.

Otro cambio relevante se vincula con la organización del sistema de prestaciones. El texto propone modificaciones en el esquema de financiamiento y habilita acuerdos entre Nación, provincias y la Ciudad de Buenos Aires para la administración de recursos. También plantea cambios en los mecanismos de fijación de aranceles, lo que implicaría una mayor descentralización en la negociación entre prestadores y financiadores.