El Gobierno nacional promulgó este miércoles la Ley 27.797, conocida como “Ley Nicolás”, con el propósito de prevenir casos de mala praxis médica y garantizar una atención sanitaria segura y de calidad en todo el territorio argentino.
Por Dr. Daniel Cassola
La norma, que constituye el primer marco legal del país en materia de seguridad del paciente, fue aprobada en septiembre por el Senado y ya figura publicada en el Boletín Oficial.
La ley lleva el nombre de Nicolás Deanna, un joven de 24 años que en 2017 falleció tras recibir un diagnóstico erróneo: le aseguraron que sufría una alergia cuando en realidad padecía meningitis. El caso inspiró a su madre, Gabriela Covelli, a fundar la ONG Por la vida y la salud y a impulsar desde 2021 un proyecto que buscara mejorar la trazabilidad de los errores médicos, aumentar las penas en los casos de negligencia grave y establecer políticas públicas que fortalezcan la atención sanitaria.
Según el texto oficial, la norma tiene por finalidad “asegurar el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, centrada en las personas y comunidades, promoviendo la mejora de las condiciones de práctica sanitaria, la incorporación de herramientas tecnológicas adecuadas y la disminución de daños evitables”. En esa línea, se establece la creación del Registro Unificado de Eventos Centinela (RUDEC), un sistema no punitivo que permitirá reportar incidentes, eventos adversos y situaciones que requieran investigación, garantizando la confidencialidad de los reportes y disponiendo medidas preventivas frente a las notificaciones.
El alcance de la ley también incluye la extensión nacional de las sanciones profesionales: cuando un médico o trabajador de la salud sea inhabilitado o sancionado en una jurisdicción, la medida tendrá efecto en todo el país. Asimismo, las instituciones sanitarias deberán aplicar criterios transparentes en la selección de personal y notificar a la Red Federal de Profesionales de la Salud (REFEPS) sobre sanciones o restricciones vigentes. Otro aspecto central es la digitalización obligatoria de las historias clínicas. En un plazo máximo de cuatro años, todas las jurisdicciones deberán contar con plataformas interoperables que permitan un registro médico eficiente y seguro.
Durante el debate parlamentario, la senadora Lucía Corpacci, del Frente Nacional y Popular, destacó la importancia de generar un sistema de registro que permita reconocer los errores humanos sin criminalizar a los profesionales. “Las fallas humanas que derivan de diagnósticos errados pueden existir y no deben negarse; por eso es importante registrarlas sin que eso signifique una denuncia”, expresó.
La sanción de la “Ley Nicolás” representa un avance inédito, ya que incorpora la seguridad del paciente como un eje central de la política sanitaria. Al mismo tiempo, coloca en la agenda pública la necesidad de mejorar las condiciones laborales del personal de salud y de garantizar que la atención médica en la Argentina sea no solo accesible, sino también segura y de calidad.
