Por Redacción Curar con Opinión

En los primeros minutos de este jueves, el Poder Ejecutivo anunció el veto total a la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica N° 27.796, que había sido sancionada el 22 de agosto con un amplio respaldo en el Senado: 62 votos afirmativos y apenas 8 rechazos. La medida implica que el proyecto será devuelto al Congreso de la Nación, donde deberá volver a ser tratado por ambas cámaras.

La iniciativa contemplaba un conjunto de disposiciones orientadas a enfrentar la crisis en el sector pediátrico, entre ellas la recomposición salarial para profesionales, un aumento en el presupuesto y la asignación prioritaria de insumos críticos durante un año. El objetivo era brindar una respuesta inmediata a las dificultades que atraviesan hospitales y centros de salud en todo el país.

Sin embargo, el Gobierno justificó el veto al señalar que el proyecto carecía de financiamiento genuino y presentaba una redacción ambigua, lo que, a su entender, habilitaba la arbitrariedad y la falta de claridad en la implementación de sus mecanismos. En el decreto se indicó que avanzar con la norma en los términos aprobados “profundiza distorsiones salariales, compromete programas esenciales, erosiona la coparticipación federal y pone en riesgo la estabilidad presupuestaria de la Nación y de las provincias”.

Uno de los puntos más controvertidos se relaciona con el impacto en las remuneraciones del personal sanitario. Según el análisis del Ejecutivo, los aumentos propuestos para pediatras y profesionales vinculados al área hubieran generado un desfasaje respecto al resto del sistema de salud, lo que abriría una brecha salarial difícil de sostener. A su vez, remarcaron que los costos adicionales no solo recaerían sobre el Estado nacional, sino que también afectarían directamente a los recursos de los gobiernos provinciales, ya que gran parte de la atención pediátrica depende de los sistemas locales.