Por Redacción Curar con Opinión
En medio del debate por el nuevo Presupuesto nacional, que la semana pasada obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y que este viernes será tratado por el Senado, la Unión Argentina de Salud expresó su profunda preocupación ante la posibilidad de que la ley sea aprobada sin la prórroga de la emergencia sanitaria. Según advirtió la entidad, esta situación podría poner en riesgo a más de un millón de trabajadores del sector y dejar al borde del cierre a cientos de prestadores de salud privada en todo el país.
La UAS nuclea a 17 cámaras que representan a clínicas, sanatorios, empresas de emergencias médicas, laboratorios y otros prestadores de servicios de salud. En un comunicado difundido en las últimas horas, la organización cuestionó la reciente eliminación del Capítulo XI, artículo 78 del proyecto de Presupuesto, que incluía la prórroga de la Emergencia Sanitaria Nacional hasta el 31 de diciembre de 2026, vigente de manera ininterrumpida desde 2001.
Desde el sector explican que la continuidad de este régimen responde a problemas estructurales no resueltos. “Ningún gobierno abordó de fondo la situación de la industria ni se sinceraron los precios y costos del sistema”, sostienen. En ese marco, alertaron que lo aprobado en Diputados deja en una situación de extrema vulnerabilidad a más de 5.000 instituciones que emplean a más de un millón de personas con trabajo registrado, entre clínicas, centros de diagnóstico y establecimientos asistenciales. De prosperar el texto actual, muchas de estas entidades podrían enfrentar riesgos de cierre a partir del 1 de enero de 2026.
La UAS también reclamó de manera urgente el dictado de una norma que prorrogue explícitamente el régimen de inembargabilidad de las instituciones de salud. Según advirtieron, la falta de esta protección podría derivar en embargos por deudas fiscales que paralicen el funcionamiento de establecimientos asistenciales y afecten la prestación de servicios críticos.
“Esta herramienta no implica una condonación de obligaciones, sino un resguardo transitorio orientado a proteger el interés público”, señaló la entidad presidida por Hugo Magonza, del Cemic. En ese sentido, subrayó que avanzar con medidas de ejecución fiscal sobre cuentas y activos esenciales comprometería de manera inmediata la estabilidad del sistema de salud y el acceso de la población a la atención médica.
