El flamante ministro de Economía anunció ayer que el próximo 10 de agosto se anunciará un bono para compensar el golpe que la inflación le dio a las jubilaciones. Con la próxima suba de los haberes jubilatorios según la fórmula vigente el aumento total de 2022 rondaría el 50 %, varios puntos por debajo de la subida de precios.
Por Dr. Daniel Cassola
En septiembre próximo los haberes de los jubilados y pensionados de la Anses deberán recibir un incremento, el penúltimo del actual 2022. Según distintas estimaciones, esa suba se ubicaría en un nivel de entre 15% y 16%. De esta manera, el aumento nominal acumulado del año sería a septiembre algo menor al 50%. Esto supone una pérdida de poder adquisitivo para los ingresos de los jubilados.
Encima, el contexto es de pobreza y miseria. El haber mínimo hoy es de $37.524,96 y sería el mes próximo de entre $43.150 y $43.530. Millones de jubilados viven solo con este ingreso. Al mismo tiempo, en el primer semestre el índice de precios al consumidor acumuló un incremento de 36,2% contra una suba de haberes por movilidad de 29,12%. Además, todavía falta el dato de la inflación de julio, que será uno de los más altos del año luego de la crisis suscitada a partir de la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía. De este modo, la inflación de los primeros 7 meses del año estaría por encima del 47 % y la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados en torno del 12 %.
El porcentaje de cada aumento trimestral de los haberes jubilatorios se determina según una fórmula que contempla, por un lado, la variación interanual de la recaudación de impuestos destinados a pagar prestaciones de la seguridad social, y, por el otro lado, la evolución trimestral de los sueldos según una de dos variables: la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), o el índice de salarios del Indec (de los dos, se toma el que haya tenido el mayor crecimiento en el período que corresponda tomar como referencia). De cada una de las dos variaciones se calcula el 50% y los resultados se suman, para definir así el porcentaje de la movilidad.
Si bien la fórmula actual, que está vigente desde 2021, no tiene entre sus componentes el índice de inflación (como sí la tuvo la que rigió entre 2018 y 2019), la variable se ve reflejada en alguna medida y de forma indirecta en el avance de los salarios y de la recaudación de impuestos como el IVA, que es uno de los que deriva recursos para los pagos que están a cargo de la Anses.
El índice de movilidad se aplica para la actualización de los haberes del sistema previsional contributivo y también de las prestaciones no contributivas. Además, suben según ese índice los montos de la Asignación Universal por Hijo (que pasaría de $7332 a un monto de entre $8430 y $8510) y de los pagos por familiares a cargo de un grupo de asalariados formales y monotributistas. Y es también la referencia para el incremento trimestral de los aportes previsionales de los autónomos y de la menor y la mayor remuneración para hacer el cálculo de los aportes a la seguridad social, en el caso de los empleados dependientes.
Según anunció Massa, el 10 de agosto “se va a anunciar el índice de movilidad jubilatoria con un refuerzo que ayude a los jubilados para superar el daño que les produce la inflación”. Esto habla de lo grave que es la situación inflacionaria por un lado y de lo ineficiente que es la fórmula de las jubilaciones en este contexto. Al parecer, lo mejor que pueden obtener los jubilados frente a la suba de precios es un empate. En el mejor escenario van a seguir siendo tan pobres como antes.
