El Ministerio de Salud de Mendoza dio un paso inédito en el país al presentar las primeras diez denuncias judiciales contra padres que no completaron el esquema obligatorio de vacunación de sus hijos.
Por Dr. Daniel Cassola
La decisión se tomó en un contexto de creciente preocupación sanitaria por la caída sostenida en las coberturas y la reaparición de enfermedades prevenibles que se consideraban controladas o eliminadas, como el sarampión y la tos convulsa. Las demandas ya fueron ingresadas en la Justicia Civil y están dirigidas a adultos responsables de niños y adolescentes que no recibieron las dosis correspondientes del Calendario Nacional de Vacunación. Desde la cartera sanitaria provincial explicaron que la medida busca revertir una tendencia alarmante que pone en riesgo no solo a los menores afectados, sino también a la comunidad en general, al debilitar la inmunidad colectiva.
Con esta iniciativa, Mendoza se convirtió en la primera provincia argentina en recurrir formalmente a la vía judicial para exigir el cumplimiento de la vacunación obligatoria. El procedimiento quedó establecido a partir de una reglamentación aprobada en agosto de 2025, que definió los pasos a seguir ante el incumplimiento y las posibles sanciones. La normativa se apoya en la Ley Nacional 27.491, que establece que la vacunación es un bien social y que la protección de la salud pública prevalece por sobre las decisiones individuales.
El ministro de Salud provincial, Rodolfo Montero, confirmó públicamente la presentación de las diez primeras denuncias y señaló que la medida responde a un escenario nacional complejo, donde ya se registraron muertes infantiles por tos convulsa y brotes de sarampión, una enfermedad que había sido declarada eliminada en Argentina en 2016. Según explicó, el objetivo central es resguardar el derecho a la salud de los niños y prevenir consecuencias sanitarias más graves.
Las familias denunciadas son convocadas a una audiencia obligatoria ante la Justicia Civil. En ese ámbito, equipos técnicos del sistema de salud informan a los padres o tutores sobre los riesgos que implica la falta de vacunación, tanto para el menor como para la población. A partir de esa instancia, se otorga un plazo de treinta días para regularizar la aplicación de las vacunas faltantes antes de avanzar con sanciones más severas.
La responsable del Departamento de Inmunizaciones de Mendoza, Iris Aguilar, remarcó que la estrategia no tiene un fin punitivo, sino preventivo. Sostuvo que el propósito es activar los mecanismos del Estado cuando se vulnera el derecho a la salud de un niño y garantizar que reciba las vacunas necesarias. Según detalló, uno de los principales déficits se observa en las dosis que se aplican a los quince meses de vida, una situación asociada a la disminución de los controles médicos de niños sanos.
En términos generales, la cobertura de vacunación escolar en la provincia supera el 80 por ciento, un nivel considerado aceptable pero insuficiente para evitar la reaparición de enfermedades. Las autoridades sanitarias advierten que ese porcentaje debería ubicarse por encima del 95 por ciento para garantizar una protección efectiva. La situación es aún más preocupante en la adolescencia, donde la cobertura ronda el 75 por ciento, con caídas significativas en esquemas como el de la vacuna contra el virus del papiloma humano.
La reglamentación vigente contempla sanciones económicas elevadas, arrestos breves o la realización de tareas comunitarias en centros de salud para quienes persistan en el incumplimiento, con agravantes en casos de reincidencia. No obstante, desde el Ministerio de Salud insistieron en que la prioridad es reforzar la responsabilidad colectiva y mantener la vacunación alejada de disputas ideológicas. En ese sentido, se llamó a la población a informarse a través de fuentes confiables y a mantener el carnet de vacunación actualizado, recordando que las vacunas continúan siendo una de las herramientas más eficaces para salvar vidas y prevenir enfermedades graves.
