Nuevas denuncias sobre supuestos sobreprecios y manejos discrecionales sacuden al PAMI

Esta vez, las sospechas recaen sobre una trama compleja de irregularidades que salpican directamente a la cúpula de la institución.

Por Dr. Daniel Cassola

En los últimos días distintos exfuncionarios, prestadores médicos y empresarios del sector han asegurado que el PAMI funciona como una maquinaria paralela en la que proliferan “compras sin licitación, sobreprecios exorbitantes y discrecionalidad en las decisiones administrativas”.

El pasado 30 de abril, el propio PAMI publicó en sus redes sociales un comunicado con tono reformista en el que prometía que “las delegaciones no serán más una caja negra de la política”. Sin embargo, exautoridades del organismo señalaron que lejos de descentralizarse, el poder de decisión está completamente concentrado en la sede central.

Uno de los mecanismos más controvertidos es el uso de la llamada “vía de excepción”. Esta figura, supuestamente reservada para situaciones de urgencia médica donde la vida del paciente corre riesgo, ha sido utilizada de manera sistemática para sortear los procedimientos habituales de compra y contratación.

Según relató un exrepresentante de una sede del PAMI en la provincia de Buenos Aires, la frecuencia de este tipo de trámites era tan alta que decidió revisar personalmente algunos casos. Como médico, descubrió que en la mayoría no existía ninguna urgencia real que justificara el mecanismo. El caso que marcó un punto de inflexión fue un pedido de biopsia para un tumor benigno, claramente fuera de cualquier contexto de emergencia.

La utilización de la vía de excepción permite no solo acelerar pagos, sino también justificar sobreprecios de hasta un 700%, según el propio exfuncionario. Tras rechazar varias de estas solicitudes, la cantidad de pedidos diarios cayó drásticamente, pasando de siete por día a uno por semana. Esto demuestra, según él, que el sistema estaba viciado y era aprovechado para direccionar negocios, muchas veces con proveedores recurrentes y sin competencia.

Estas prácticas no eran aisladas. Viviana Aguirre, exfuncionaria del PAMI en La Plata, presentó una denuncia judicial donde detalla cómo las órdenes llegaban ya definidas desde Buenos Aires y las sedes locales simplemente debían “firmar”. Aguirre denunció sobreprecios en prótesis, marcapasos, traslados y toda clase de insumos médicos. Todo se justificaba con la etiqueta de “riesgo de vida”, lo que permitía esquivar cualquier control administrativo y generar un circuito de pagos millonarios con escasa o nula fiscalización.

En la localidad de Caleta Olivia, Sergio Torres, extitular del PAMI, denunció un sistema de recaudación paralelo en el que se le pedía a prestadores que entregaran un porcentaje de sus ingresos. Torres viajó personalmente a Buenos Aires y mantuvo una reunión con las máximas autoridades del PAMI. Según su testimonio, le respondieron que “no se podía hacer nada porque estas cosas se definen políticamente”. A su regreso a Santa Cruz, Torres quedó “frizado” y sin posibilidad de aprobar autorizaciones.

Pero mientras la cúpula del PAMI se ve envuelta en estas denuncias, la otra cara del conflicto la protagonizan los prestadores médicos, que denuncian una situación crítica. La demanda por parte de los jubilados crece sin parar, pero los valores que paga el PAMI por cada consulta no se actualizan al ritmo de la inflación. “Atendemos a miles de pacientes por mes, pero el último aumento fue de apenas $270 por consulta”, explicó el titular de un centro médico del conurbano bonaerense. En paralelo, denuncian que el organismo realiza retenciones arbitrarias mediante “débito automático”, bajo conceptos genéricos como “prácticas excluyentes”, sin ofrecer explicaciones claras.

Estas retenciones, que alcanzan hasta el 10% de la facturación, se repiten mes a mes y han llevado al límite la sustentabilidad de muchos prestadores, que ya amenazan con priorizar otras obras sociales por encima del PAMI. “Nos están empujando a abandonar la atención a los jubilados. No hay plata ni para los médicos ni para los abuelos, pero sí hay para hacer política con la plata de todos”, concluyó un empresario del sector.

La historia reciente del PAMI está marcada por una constante: escándalos, manejos oscuros y promesas de transparencia que nunca terminan de concretarse. A lo largo de los años, distintas gestiones han prometido profesionalizar el organismo, pero los casos de corrupción se repiten como un patrón estructural. Hoy, bajo una nueva administración, las denuncias siguen brotando, dejando entrever que, más allá del color político, el PAMI sigue siendo una de las cajas más codiciadas del Estado.