La Superintendencia de Servicios de Salud de Argentina ha implementado un cambio significativo en la cobertura y prescripción de medicamentos para los afiliados a obras sociales y prepagas, mediante la Resolución 3934/2024, publicada recientemente en el Boletín Oficial.

Por Dr. Daniel Cassola

La normativa, firmada por Gabriel Oriolo, superintendente de Servicios de Salud, introduce lineamientos que buscan “reforzar la sostenibilidad del sistema de salud”. La disposición establece nuevos requisitos en cuanto a la presentación de cartillas de prestadores, condiciones de acceso y criterios específicos de cobertura, marcando un punto de inflexión en el sistema de prescripción médica.

Uno de los cambios más importantes de esta resolución es que, a partir de ahora, sólo los profesionales incluidos en las cartillas de cada prepaga podrán emitir recetas y órdenes de tratamiento que requieran cobertura. Los afiliados a planes abiertos seguirán con las mismas prestaciones, con la posibilidad de elegir entre prestadores de la cartilla o externos.

La medida argumenta que esta limitación se implementa para “garantizar la sostenibilidad del sistema” y, en particular, para reducir el impacto financiero asociado a medicamentos de alto costo, como ciertos fármacos oncológicos, genéticos o en fases experimentales. El Ministerio de Salud expresó que la resolución apunta especialmente a controlar prescripciones realizadas por profesionales ajenos a los prestadores de las compañías, lo que ha llevado a una alta judicialización en el sector en busca de cubrir tratamientos de gran valor.

La resolución entró en vigor este lunes para todas las nuevas recetas. Las prescripciones emitidas previamente seguirán siendo válidas, aclaró el gobierno. Según explicó Oriolo, “hemos notado un elevado número de recetas prescriptas por médicos no especialistas, sin un contacto directo o permanente con el paciente, que emiten diagnósticos presuntivos y afectan al sistema con medicamentos de alto precio”.

Oriolo ejemplificó el problema refiriéndose a que, en ocasiones, “un odontólogo puede prescribir un medicamento oncológico”, lo cual se busca corregir mediante esta regulación. La medida pretende asegurar que los medicamentos lleguen a quienes realmente los necesitan y evitar que se prescriban sin un conocimiento completo de la historia clínica del paciente.

Ante la repercusión generada por esta medida, el gobierno emitió una serie de aclaraciones:

• Ordenamiento de la prescripción: La medida tiene como objetivo regular la prescripción de medicamentos de alto costo, evitando recetas de profesionales que no son especialistas en las patologías tratadas o que no consideran la historia clínica del paciente.
• Fármacos experimentales: Se detectaron casos de prescripciones para medicamentos aún en fase de prueba clínica, sin aprobación definitiva.
• Conflictos de intereses: Algunos profesionales mantienen vínculos con laboratorios o proveedores de tecnología médica, comprometiendo la objetividad de sus decisiones. Para evitar estos conflictos, los médicos deberán presentar una declaración jurada que confirme la inexistencia de vínculos con los laboratorios que producen los medicamentos recetados.
• Judicialización y sostenibilidad: La alta judicialización para reclamar coberturas de tratamientos costosos desestabiliza financieramente el sistema de salud. La resolución busca reducir la litigiosidad y promover un sistema más transparente y sostenible, basado en principios de medicina fundamentada en evidencia científica.

La resolución destaca también las diferencias entre los planes abiertos y cerrados, especialmente en relación con la cobertura médico-asistencial. En los planes abiertos, los beneficiarios pueden optar por prestadores de cartilla o externos, mientras que los planes cerrados requieren que las atenciones se realicen exclusivamente con los prestadores de la cartilla. Esta cartilla define los profesionales y centros médicos disponibles, y especifica las condiciones de cobertura.

La Superintendencia remarcó la importancia de que cada plan mantenga una cartilla actualizada, la cual debe ser presentada ante la entidad para asegurar transparencia y cumplimiento. Según los considerandos de la resolución, “es fundamental implementar medidas que permitan la sostenibilidad financiera de los Agentes del Seguro, asegurando el derecho de los beneficiarios a acceder a tratamientos de alto costo sin poner en riesgo el sistema de salud”.

Aunque el gobierno enfatiza que la medida busca el “bienestar del paciente” y la “sostenibilidad del sistema”, la disposición ha suscitado preocupaciones. Algunos sectores advierten que esta restricción en la prescripción podría limitar el acceso a medicamentos esenciales para quienes, por distintas razones, prefieren atenderse con profesionales externos a la cartilla de sus prepagas u obras sociales. Sin embargo, desde el gobierno destacan que esta regulación es parte de una reforma en el sistema de salud que ha estado en emergencia desde 2002.