El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime durante el juicio.

Por Dr. Daniel Cassola

Argentina tiene una triste historia con respecto a los funcionarios y empresarios poderosos y la justicia. Es más, hay una sensación que desde años se instaló en gran parte de la población. Pase lo que pase aquí nadie va preso.

Nos hemos acostumbrado, lamentablemente, a que los hechos más graves queden impunes. De vez en cuando leemos que María Julia Alsogaray o el ex titular del PAMI Víctor Alderete siguen atendiendo audiencias en Tribunales por viejos hechos de corrupción. Ambos estuvieron presos algunos meses y son de las pocas excepciones. El resto zafó casi por completo.

Cuando un hecho sucede el mismo es irreversible, aunque cueste aceptarlo. Lo que queda es la Justicia. Tal es lo que sucede con lo que se ha denominado como la tragedia de Once.

El 22 de febrero de 2012 el tren número 3722 de la línea Sarmiento no frenó y colisionó contra los paragolpes de la estación de Plaza Miserere. Como consecuencia hubo 52 muertos y más de 700 heridos.

Ayer concluyó el alegato del fiscal Fernando Arrigo que pidió duras penas para los 28 acusados. En sus consideraciones, que expuso durante cinco días, el abogado determinó que de haberse cumplido con el mantenimiento no se hubiera producido el accidente.

El tren solo había cumplido con planes de limpieza y no de mantenimiento. Las piezas que se habían cambiado procedían de otras formaciones en desuso, igual o más antiguas que la que chocó.

En síntesis, el tren estaba en condiciones deficientes, con pérdida de aire en el sistema de freno, gran cantidad de óxido y falta de reparaciones generales. Además tenía 22 mil kilos de carga, contra los 18 mil que es el límite admitido. Esto se debe a las demoras en el servicio y la falta de frecuencia, que provoca que los pasajeros se amontonen en los trenes.

Lo que hemos descrito a partir del alegato del fiscal fue sintetizado en una consigna por los familiares y las víctimas del accidente: “La corrupción también mata”.

Por sus responsabilidades, Arrigo pidió 11 años de prisión para el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y 10 años y 10 meses para su sucesor, Juan Pablo Schiavi. Además exige 10 años y 11 meses para el titular de TBA Sergio Cirigliano y 10 años y 6 meses para su hermano Mario. Los Cirigliano están acusados de defraudación contra la administración pública, administración fraudulenta y estrago doloso agravado.

Hay otros funcionarios y responsables de la empresa que están también sometidos al juicio.

Como decíamos, no se puede volver atrás con los hechos una vez que suceden. Lo que sí se puede es evitar que queden impunes. ¿Esta vez será justicia?