Un problema silencioso pero profundamente arraigado afecta a millones de personas en Argentina: el consumo de agua contaminada con arsénico. De acuerdo con un estudio realizado por el Programa de Medio Ambiente de la Universidad Nacional de Rosario, alrededor de un tercio de la población —más de 17 millones de personas— estaría expuesta a niveles de arsénico en el agua superiores a los recomendados por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece un límite seguro de 0,01 miligramos por litro.
Por Dr. Daniel Cassola
Esta contaminación puede tener múltiples orígenes. En gran parte del país, las napas subterráneas de donde se extrae el agua potable atraviesan formaciones volcánicas que liberan de forma natural arsénico al acuífero. Esta situación se da en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Salta, La Pampa, Santiago del Estero y Jujuy, entre otras. En algunas localidades se han registrado niveles de arsénico en el agua de red muy por encima del umbral tolerable. Por ejemplo, en zonas de La Plata se han detectado concentraciones de hasta 26 partes por billón, lo que más que duplica el valor recomendado por la OMS.
Pero el problema no se limita a lo geológico. A esto se suma la falta de infraestructura adecuada, especialmente en áreas rurales y periféricas donde los sistemas de potabilización son insuficientes o inexistentes. En estas zonas, el agua se extrae muchas veces directamente de pozos sin ningún tipo de control sanitario. Esta falta de vigilancia y regulación convierte al agua, que debería ser una garantía básica de salud, en una fuente de riesgo constante.
Las consecuencias de esta exposición crónica al arsénico no son menores. La evidencia científica ha demostrado que su ingesta prolongada puede provocar graves problemas de salud. Entre los más comunes se encuentran los cánceres de piel, vejiga, pulmón y riñón, así como trastornos cardiovasculares, hepáticos y neurológicos. También se han documentado efectos visibles como la hiperpigmentación de la piel, la aparición de callosidades en las palmas de las manos y plantas de los pies, y la formación de úlceras. Este conjunto de síntomas es conocido como hidroarsenicismo crónico regional endémico (HACRE), una enfermedad típica de regiones donde el agua contiene niveles elevados de este contaminante.
La situación se vuelve aún más compleja cuando se considera la percepción social sobre el agua de canilla. En algunas ciudades grandes, como Rosario o Santa Fe, los estudios comparativos muestran que el agua de red contiene menos sodio y arsénico que muchas marcas populares de agua embotellada. Estas urbes cuentan con sistemas de potabilización robustos y controles frecuentes que permiten garantizar la calidad del suministro. Sin embargo, esta realidad contrasta fuertemente con la de muchas otras localidades, donde las fallas en los protocolos de monitoreo y tratamiento del agua son frecuentes. Según declaraciones recientes del presidente del Consejo Profesional de Química de Buenos Aires, en muchos casos ni siquiera se realizan los análisis necesarios para detectar la presencia de contaminantes como el arsénico.
Frente a esta situación, distintas instituciones académicas y organizaciones sociales han comenzado a impulsar iniciativas para mejorar el acceso a agua segura. Una de ellas es el desarrollo de mapas interactivos de riesgo que permiten visualizar las regiones con mayores niveles de arsénico en el agua. Este tipo de herramientas es clave para orientar políticas públicas focalizadas que permitan actuar donde más se necesita. A su vez, se han promovido soluciones tecnológicas como la instalación de sistemas de filtrado basados en ósmosis inversa o materiales adsorbentes capaces de remover el arsénico de forma eficiente. Aunque estos métodos han demostrado ser eficaces, su implementación masiva aún enfrenta barreras económicas y logísticas.
En definitiva, el agua de canilla puede ser segura, pero esa seguridad depende de numerosos factores: la calidad de las fuentes, la eficacia de los tratamientos, la vigilancia del Estado y el conocimiento ciudadano. Mientras que en algunas ciudades el agua que sale del grifo es confiable y hasta preferible a la embotellada, en muchas otras representa un riesgo real.
