Por Redacción Curar con Opinión
Las entidades de salud han generado un revuelo en el sector al anunciar la implementación de un «bono complementario no reintegrable» que médicos y otros profesionales de la salud cobrarán a los pacientes que son miembros de obras sociales y prepagas. Este nuevo cargo busca permitir a los profesionales alcanzar un ingreso mínimo de $6,000 por consulta, pero ha desencadenado una ola de críticas y preocupaciones legales.
Desde el punto de vista de los pacientes y los defensores del consumidor, esta medida es considerada ilegal y profundamente injusta. El titular de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC) expresó claramente su posición al respecto: «Primero y principal es ilegal, es decir, si el consumidor se negara a pagar, es un acto de justicia». Señaló además que esta situación pone a los pacientes en una posición incómoda, especialmente cuando se enfrentan a problemas de salud críticos y buscan atención médica de confianza.
La controversia se intensifica por el hecho de que, según algunas estimaciones, las empresas de medicina prepaga están cobrando a los consumidores entre 100 y 150 mil pesos por usuario, mientras que a menudo remuneran de manera insuficiente a los médicos y profesionales de la salud que brindan los servicios. Según el presidente de ADDUC, esto es «una cosa de locos», y señaló que algunas de estas prepagas también realizan inversiones en otros sectores, lo que plantea preguntas sobre cómo se están utilizando los recursos.
