Según la cámara que agrupa a más de 400 instituciones del sector, Adecra+Cedim, alrededor de 5.000 sanatorios, clínicas, laboratorios y centros de diagnóstico podrían quebrar en 2024 debido a una deuda que se remonta a la crisis económica de 2001.
Por Dr. Daniel Cassola
Esta situación, aseguran, pone en riesgo la atención médica de millones de argentinos y amenaza con desestabilizar todo el sistema de salud. A finales de este año, el gobierno nacional dará por concluida la emergencia sanitaria establecida en 2002, medida que permitió a las empresas de salud privada evitar el pago de contribuciones patronales durante más de dos décadas. Aunque este alivio fiscal fue clave para la subsistencia de muchas instituciones, generó una deuda acumulada multimillonaria que ahora amenaza con asfixiar al sector.
La Resolución 617/24, que suspendió temporalmente los juicios de ejecución fiscal y las medidas cautelares sobre estas deudas, perderá vigencia el 31 de diciembre. Según datos del Ministerio de Salud, de las 25.000 instituciones de salud privada registradas en el país, al menos 5.000 podrían ser embargadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Jorge Cherro, presidente de Adecra y vicepresidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), advirtió sobre las consecuencias catastróficas de la crisis. “Atendemos a más de 30 millones de personas, no sólo a afiliados de prepagas, sino también a quienes dependen de PAMI y obras sociales. Si quebramos, el sistema público no podrá absorber la demanda, y el colapso será inevitable”, indicó.
Cherro señaló que el deterioro económico del sector se ha profundizado en los últimos años debido a la pandemia, la inflación y el congelamiento de aranceles en 2020. Actualmente, muchas instituciones luchan por cubrir los costos operativos básicos, y la falta de insumos y personal calificado se ha vuelto cada vez más común.
El gobierno ha propuesto un plan de pagos extraordinario para regularizar las deudas del sector, pero las empresas lo consideran inadecuado. Según fuentes del sector, los esquemas actuales no permiten afrontar ni las cargas corrientes ni las obligaciones acumuladas. “Nadie puede pagar. Los que intentaron adherirse al régimen de pago no pudieron continuar más de dos o tres cuotas”, indicó un empresario del rubro.
La situación no sólo afecta a las instituciones, sino también a los 300.000 trabajadores registrados que corren el riesgo de perder sus empleos o ver comprometidos sus aportes jubilatorios.
Desde Adecra+Cedim, insisten en que es necesario un consenso inmediato entre el gobierno y el sector privado para evitar una crisis mayor. “Cada semana hay noticias de guardias saturadas, diferimientos de turnos y falta de insumos. Si no se toman medidas de fondo, el sistema de salud en su conjunto colapsará”, alertaron.
La fecha límite se acerca y las soluciones aún no aparecen. Mientras tanto, miles de sanatorios y clínicas permanecen en una incertidumbre que podría transformar la crisis actual en una catástrofe sanitaria para el país.
