El sector de la salud en la provincia de Buenos Aires se enfrenta a una problemática de larga data que amenaza con afectar gravemente la atención médica de los afiliados de obras sociales y prepagas.

Por Dr. Daniel Cassola

La creciente tasa de inflación, que se mantiene en cifras de dos dígitos al mes, se ha convertido en un desafío adicional para las farmacias, que ven cómo sus problemas financieros se agravan día a día. La situación ha llevado a cientos de farmacias a tomar la drástica medida de limitar la venta de medicamentos a los afiliados de estos sistemas de salud, lo que plantea un dilema significativo para miles de pacientes.

El Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires y la Confederación de Farmacias Bonaerenses (Cafabo) argumentan que la inflación y la volatilidad de precios han hecho que sus ventas con descuento sean inviables, ya que las financiadoras de salud pagan con un retraso de 60 a 90 días.

Esta demora en los pagos afecta directamente la rentabilidad de las farmacias, que buscan reducir estos plazos mediante negociaciones con las entidades financiadoras. Sin embargo, esta situación ha desencadenado un conflicto más amplio que involucra a las empresas financiadoras de servicios de salud, los prestadores de atención médica y el Gobierno que regula las tarifas.

“Desde el mes de agosto el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires ha enviado varios comunicados a los medios, autoridades sanitarias y administrativas de la provincia para advertir sobre la crisis que podría sufrir la atención de los farmacéuticos en todo el territorio bonaerense. Ese momento ya llegó”, explica un comunicado del colegio bonaerense publicado en redes sociales.

Los afiliados de PAMI y de la obra social provincial IOMA, que se estima representan el 70% de las ventas en farmacias de la provincia, son los más afectados por estas restricciones. Las farmacias empezaron a restringir la venta de medicamentos con descuento de obras sociales o a negarse a vender a quienes no son clientes habituales. Esta situación se suma a la práctica creciente entre los médicos de cobrar un copago adicional para compensar los honorarios que consideran insuficientes.

Las consecuencias de esta problemática son preocupantes, ya que algunos pacientes podrían enfrentar la negativa de las farmacias a proporcionar medicamentos con los descuentos o la cobertura que les corresponden. Esta situación afectaría especialmente a aquellos que dependen de prepagas y obras sociales para acceder a su atención médica.