Por Redacción Curar con Opinión
La denuncia fue realizada por el fiscal federal Franco Picardi después de una investigación preliminar, en la que encontró “motivos suficientes” para formular las imputaciones por presuntas “conductas delictivas” a los responsables de distintos locales de la cadena COTO.
El 27 de mayo se inició una demanda penal a partir de las constancias remitidas al fiscal federal Franco Picardi, en base a la presentación realizada por la subsecretaría del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. La base fueron las denuncias recibidas a través de la línea 147. Ahora la investigación queda en manos del juez federal Ariel Lijo.
De las actuaciones se desprende la existencia de un conjunto de denuncias vinculadas con diferentes locales de la firma COTO, todas situadas en la ciudad de Buenos Aires, mediante las cuales se refirió que empleados habrían contraído el virus COVID-19, “sin que, con posterioridad, fueran adoptadas las medidas sanitarias correspondientes al caso”.
