El Gobierno impulsa un nuevo esquema de compras de medicamentos para reducir costos
El Ministerio de Salud de la Nación avanza en una medida que busca transformar de manera profunda el circuito de compras públicas de medicamentos y vacunas. El plan consiste en reducir al máximo el rol de las droguerías como intermediarias y permitir que los laboratorios vendan directamente al Estado.
Por Dr. Daniel Cassola
Según estimaciones oficiales, este cambio podría generar un ahorro de entre un 10 y un 25% en la inversión anual, lo que representa miles de millones de pesos destinados al sistema sanitario. Durante décadas, las droguerías ocuparon un lugar central en el abastecimiento de medicamentos para hospitales, centros de salud, farmacias y programas específicos.
Estas empresas se encargaban de comprar a los laboratorios, almacenar los productos en sus depósitos y luego distribuirlos. El sistema se consolidó en torno a convenios y redes logísticas que llevaron a que muchos laboratorios ni siquiera se presentaran a licitaciones públicas, dado que el mecanismo se mantenía prácticamente inamovible. La nueva estrategia busca alterar ese esquema y abrir el juego a una competencia directa entre los productores de remedios.
La decisión, que desde la cartera sanitaria describen como “de sentido común, pero inédita”, apunta a eliminar intermediarios en aquellas compras donde su participación no resulte indispensable. En la práctica, esto significa que el Estado pasará a tratar directamente con los laboratorios, tanto nacionales como extranjeros, a través de licitaciones que ya se preparan para el próximo mes. El objetivo es que cada laboratorio tenga la posibilidad de ofrecer sus productos en igualdad de condiciones, con precios transparentes y un mecanismo más abierto que incentive la competencia.
Uno de los puntos clave de este plan se vincula con la distribución de los insumos, una cuestión sensible en un país de dimensiones extensas. Actualmente, el Ministerio de Salud cuenta con contratos con empresas privadas que garantizan la entrega en todo el territorio nacional. En la última licitación, estas compañías ofrecieron precios alrededor de un 20% más bajos que los del Correo Argentino, lo que brinda una cobertura logística suficiente para avanzar en el nuevo esquema. Desde el Gobierno sostienen que con este aspecto resuelto no existe justificación para mantener un sistema de intermediación que encarece los costos.
Si bien el cambio busca desplazar a las droguerías como paso obligatorio en las compras, se reconoce que aún habrá situaciones en las que su participación seguirá siendo necesaria. Un ejemplo son los casos en los que la Justicia ordena, mediante amparos, la entrega urgente de un medicamento. En estas circunstancias, la capacidad de respuesta inmediata de una droguería, que ya cuenta con stock disponible, resulta clave. Sin embargo, incluso en este terreno se prevén modificaciones: dado que muchas de estas compulsas se repiten año tras año con los mismos productos, se planea licitarlos con antelación y así evitar la dependencia de los intermediarios.
El impacto económico esperado de esta medida es significativo. Con una reducción de entre un 10 y un 25% en los costos, se liberarían recursos que podrían destinarse a ampliar la compra de medicamentos, sostener programas de prevención y reforzar la cobertura sanitaria en general. El ahorro multimillonario representa, en los hechos, la posibilidad de mejorar el acceso de la población a tratamientos y vacunas esenciales.
La transparencia es otro de los pilares del plan. En el portal oficial del Ministerio de Salud ya se encuentra publicado el Plan Anual de Contrataciones 2025, con todos los precios y procesos de compras disponibles para consulta pública. La idea es que cualquier competidor pueda acceder a la información y presentar ofertas en condiciones claras, eliminando prácticas que, durante años, favorecieron dinámicas cerradas y poco competitivas.
Aunque la decisión se conoció en paralelo a un escándalo judicial que involucra a una de las principales droguerías del país, desde la cartera sanitaria se insiste en que el proceso no responde a coyunturas judiciales sino a la necesidad de optimizar recursos y corregir hábitos históricos. En este sentido, se busca cuestionar una estructura de negocios que se consolidó más por costumbre que por eficiencia, y que derivó en un esquema en el que el Estado terminaba pagando más de lo necesario.
