La malnutrición, en sus distintas formas, continúa siendo un problema persistente de salud pública en la Argentina. Un reciente informe presentado en el Congreso Argentino de Nutrición revela que casi 26 millones de personas en el país padecen sobrepeso u obesidad, una situación que no solo afecta la calidad de vida, sino que también constituye un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas.

Por Dr. Daniel Cassola

Diabetes tipo 2, patologías cardiovasculares, problemas osteoarticulares e incluso ciertos tipos de cáncer forman parte de las consecuencias asociadas al exceso de peso, sin dejar de lado su estrecha relación con problemas de salud mental como depresión y ansiedad.

El documento, titulado “Sistema alimentario en la Argentina, seguridad alimentaria, dietas saludables y salud ambiental”, fue coordinado por el especialista Sergio Britos y pone en evidencia que el problema no radica solo en la cantidad de alimentos disponibles, sino también en su calidad y distribución. Según Britos, vicepresidente del Congreso, en las últimas décadas se consolidó un patrón alimentario que combina un exceso de calorías con un déficit de nutrientes esenciales. Esto significa que la mayoría de la población consume una dieta desequilibrada, con carencias en vegetales, frutas, lácteos, legumbres y pescados, mientras que se exagera en el consumo de harinas refinadas, carnes rojas y alimentos de consumo ocasional.

El problema, subraya Britos, no puede atribuirse únicamente a decisiones individuales. Forma parte de un sistema alimentario orientado a la producción y comercialización de ciertos rubros —como granos, aceites y carnes— que, si bien aportan volumen energético, no garantizan la provisión de dietas saludables y variadas. A esta situación se suma una economía que limita el acceso a alimentos de mejor calidad y la ausencia de políticas sostenidas de educación alimentaria y nutricional.

El informe advierte que la malnutrición se manifiesta a lo largo de todo el ciclo vital. En la infancia, se observan déficits marcados de hierro, vitamina D, calcio, zinc y ácidos grasos esenciales, nutrientes clave para el crecimiento y el desarrollo cognitivo. En la adolescencia, la baja ingesta de frutas, verduras y lácteos se combina con un consumo elevado de panificados y harinas refinadas, consolidando hábitos poco saludables.

En la adultez, el problema adquiere otra dimensión: se disparan las cifras de obesidad y aumentan las prevalencias de diabetes, hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares. A este panorama se suma el dato alarmante de que, en 2024, la inseguridad alimentaria afectó al 35,5% de niños y adolescentes. En términos concretos, esto significa que más de uno de cada tres menores no logra un acceso estable y completo a los alimentos necesarios para su crecimiento.

Uno de los puntos destacados del informe es la contradicción entre la disponibilidad energética y el consumo real. En Argentina, la oferta supera las 3.300 calorías y 120 gramos de proteínas por persona al día, pero la producción está centrada en rubros de bajo aporte nutricional relativo. Solo en provincias como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe se abastece de manera significativa a la población con alimentos saludables, mientras que otras regiones dependen de productos transportados desde largas distancias, lo que encarece los precios y dificulta su acceso cotidiano.

En paralelo al informe, el Senado analiza desde noviembre de 2024 un proyecto de ley para la prevención, tratamiento y control de la obesidad en el país. Si bien la iniciativa representa un avance, los expertos advierten que todavía se necesitan medidas más amplias y articuladas que ataquen el problema desde distintos ángulos.

El Etiquetado Frontal de Alimentos, vigente desde hace dos años, es uno de los ejemplos recientes. Aunque más de la mitad de la población reconoce su utilidad, solo una parte de los consumidores modifica sus hábitos en función de esta herramienta, mientras que alrededor del 30% mantiene los mismos patrones de compra. Los especialistas señalan que, para mejorar su efectividad, hacen falta campañas educativas sostenidas y un mayor despliegue de otras disposiciones de la ley, como la promoción de alimentación saludable en las escuelas.