Nueva agencia estatal: Laboratorios y expertos advierten sobre trabas al acceso a tratamientos costosos
La creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET), recientemente formalizada mediante el decreto 188/2024, ha desatado una ola de preocupación entre distintos actores del sistema de salud argentino.
Por Dr. Daniel Cassola
Esta nueva entidad estatal, cuyo objetivo declarado es asesorar al Ministerio de Salud y a los financiadores del sistema en la toma de decisiones sobre la cobertura de medicamentos y tratamientos, ha generado un amplio debate en torno a su posible impacto en el acceso a tecnologías sanitarias de alto costo.
La medida forma parte del proceso de desregulación más amplio impulsado por el Gobierno nacional, en línea con el DNU 70/2023 y la Ley Bases enviada al Congreso. Según el texto del decreto, la agencia evaluará la «pertinencia de incorporación, uso y cobertura de tecnologías sanitarias, medicamentos, productos médicos, procedimientos clínicos y quirúrgicos y dispositivos médicos», con el fin de «optimizar el gasto público» y garantizar la «eficacia clínica y eficiencia económica» de las prestaciones incluidas en los servicios de salud.
Aunque la propuesta se alinea con prácticas habituales en muchos sistemas sanitarios del mundo, donde se recurre a estudios de costo-beneficio para establecer prioridades, su implementación en el contexto argentino actual ha sido cuestionada tanto por representantes de la industria farmacéutica como por científicos, pacientes y profesionales del ámbito médico.
Desde la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), que agrupa a los laboratorios de innovación, se encendieron las alarmas ante lo que consideran una posible barrera para la entrada de medicamentos innovadores al país. La entidad sostiene que la AGNET, si no actúa con autonomía técnica y transparencia, podría convertirse en un filtro que demore o impida el acceso a tratamientos de última generación, especialmente aquellos indicados para enfermedades raras o de alto costo, como las oncológicas o las neurológicas.
En una carta enviada al Ministerio de Salud, CAEME alertó que los cambios normativos, en particular la resolución 189/2024 que condiciona el ingreso de nuevos productos al mercado a la aprobación previa de la agencia, “afectan gravemente la previsibilidad, la seguridad jurídica y la dinámica de innovación” en el sector. También cuestionó la falta de representación de la industria en el directorio de la AGNET, integrado por cinco miembros designados por el Poder Ejecutivo, entre ellos representantes del Ministerio de Salud y del PAMI.
El malestar también alcanzó a otros sectores del ámbito científico. Investigadores del CONICET, médicos y docentes universitarios expresaron su inquietud por el modo en que se constituyó la agencia, destacando la escasa participación de actores técnicos independientes y el riesgo de politización en sus decisiones. Si bien la evaluación de tecnologías sanitarias puede mejorar la eficiencia del sistema y priorizar intervenciones efectivas, los especialistas advierten que su uso como herramienta de restricción presupuestaria sin criterios claros puede terminar perjudicando a los pacientes.
Una de las principales preocupaciones radica en que el modelo adoptado por la AGNET priorice exclusivamente criterios económicos, sin considerar adecuadamente las particularidades clínicas y sociales de ciertos tratamientos. En enfermedades poco frecuentes, por ejemplo, donde los medicamentos pueden tener costos elevados pero representar la única opción terapéutica disponible, la aplicación rígida de criterios de costo-efectividad podría llevar a su exclusión de la cobertura sanitaria, tanto pública como privada.
Además, se teme que la centralización de la decisión sobre la incorporación de tecnologías afecte la autonomía de las obras sociales y las prepagas, que hasta ahora evaluaban individualmente la cobertura de nuevos tratamientos. Con la intervención de la AGNET, todas las decisiones pasarán por un único organismo, lo cual podría generar cuellos de botella administrativos o demoras injustificadas, especialmente si no se garantiza un funcionamiento ágil y con criterios basados en evidencia científica robusta.
Desde el Gobierno, sin embargo, defienden la creación de la agencia como una herramienta necesaria para ordenar el sistema y evitar gastos superfluos. Argumentan que, en la actualidad, muchos tratamientos costosos son cubiertos por fallos judiciales sin una evaluación técnica adecuada, lo que distorsiona el uso de los recursos públicos y genera desigualdades en el acceso. La AGNET, según esta visión, permitirá establecer una política de salud más coherente, racional y equitativa.
El debate sobre el rol de la AGNET se enmarca en un contexto de creciente presión sobre los presupuestos sanitarios, con un incremento sostenido en el precio de los medicamentos y una mayor demanda de terapias personalizadas, muchas veces impulsadas por avances en biotecnología y medicina genómica. En este escenario, la evaluación de tecnologías puede contribuir a una planificación más eficiente, pero requiere garantías de transparencia, participación y enfoque en los derechos de los pacientes.
Por lo pronto, organizaciones de pacientes, sociedades científicas y entidades académicas han comenzado a organizarse para reclamar mayor apertura en el funcionamiento de la agencia. Solicitan que se habiliten canales de consulta pública, que se incorporen voces expertas independientes en el directorio, y que los criterios de evaluación incluyan dimensiones éticas, clínicas y sociales, además de las económicas.
