Por Dr. Daniel Cassola

En un trámite exprés, ayer la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que propone agravar las penas previstas para los delitos y agresiones cometidos contra personal médico, docente, menores de edad, adultos mayores, discapacitados y embarazadas.

Lo que prevé la norma que ya fue girada al Senado es que el castigo sea aumentado en un tercio con respecto a los que existen en la actualidad. Los proyectos fueron aprobados por unanimidad y sin necesidad de debate, lo que nos lleva a pensar que se podría haber implementado antes. De todas maneras consiste un avance.

Una de las leyes tiene como objetivo elevar las penas cuando los delitos contra la vida, la integridad sexual y la libertad, y robos, extorsiones, estafas y otras defraudaciones sean cometidos contra personas en situación de vulnerabilidad expresamente establecida: mujeres embarazadas, personas mayores de 70 años o menores de 18, y personas discapacitadas o enfermas que no puedan valerse por sí mismas.

También se incluye al personal de la salud y de la educación que sufriera una agresión en el ámbito de sus funciones o fuera de ella, siempre y cuando guarde relación directa con su labor profesional. El objetivo del proyecto es sancionar con mayor rigor a quienes delinquen aprovechándose de que la víctima tiene muy limitada su capacidad para defenderse. Los jubilados y las personas de avanzada edad son blancos predilectos de los llamados «cuentos del tío», y muchas veces son reducidos o sometidos en sus casas con extrema violencia.

Lamentablemente, los ataques contra los profesionales de salud y los bienes de los hospitales son de larga data. Las guardias de los hospitales públicos son escenas de verdaderas batallas campales. Los familiares de los pacientes descargan su ira contra el personal de salud sin ningún justificativo.

La violencia contra docentes también se convirtió en un hecho recurrente en distintos puntos del país. En Buenos Aires, un informe realizado por la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) dio cuenta el año pasado de que cada día un docente es víctima de agresiones verbales en la provincia, mientras que se registran semanalmente entre dos y tres episodios de violencia física contra los educadores.

La Cámara baja también aprobó una iniciativa que tipifica, en el contexto de la ley para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, el acoso callejero. Según se detalla en el proyecto, este tipo de violencia es la que ejercen una o más personas «en lugares públicos o de acceso público, como medios de transporte o centros comerciales» por medio de «conductas o expresiones verbales o no verbales, con connotación sexual, que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia, o generen un ambiente hostil u ofensivo». Por último, el proyecto aprobado ayer insta a las fuerzas policiales y de seguridad a «actuar en protección» de las mujeres que sean víctimas del acoso callejero.

Con penas más duras lo que se necesita ahora es avanzar en la prevención.