Por Redacción Curar con Opinión
En un movimiento que podría tener repercusiones significativas en el ámbito de la salud pública, el legislador autonomista José Antonio Romero Brisco ha presentado un proyecto de ley en la provincia de Corrientes para establecer el cobro de atención médica a extranjeros. Este proyecto, que será ingresado a la Cámara de Diputados provincial este miércoles, plantea el arancelamiento de la atención y servicios en el sistema de Salud Pública de la provincia para ciertas categorías de extranjeros.
Según lo establecido en el documento, los extranjeros clasificados como «residentes transitorios» o «residentes precarios», de acuerdo con la Ley Nacional N° 25.871, deberán pagar por los servicios médicos que reciban, ya sea a través de un seguro de salud con cobertura suficiente o por sus propios medios.
Es importante destacar que la residencia precaria es una autorización otorgada por Migraciones durante el proceso de admisión de un extranjero en Argentina, mientras que los residentes transitorios incluyen a turistas, pasajeros en tránsito, tripulantes del transporte internacional, trabajadores migrantes estacionales y académicos.
Sin embargo, la ley propuesta exime de este cobro a los extranjeros que tengan la condición de «residentes permanentes» y «residentes temporarios», garantizando la igualdad en la prestación de servicios de salud pública provincial.
En situaciones de urgencia o emergencia, el proyecto establece que la atención médica no puede ser negada a los extranjeros residentes transitorios o precarios. En tales casos, se permitirá la atención y luego se procederá al cobro de los gastos en los que se haya incurrido.
El Ministerio de Salud Pública de la Provincia sería la autoridad de aplicación encargada de llevar a cabo todas las acciones necesarias para la implementación de esta ley, incluyendo la fijación de aranceles.
En caso de que la ley sea sancionada, el Gobierno de Corrientes estaría facultado para celebrar convenios de reciprocidad con otros países, con el objetivo de garantizar el acceso de los habitantes de la provincia al sistema de salud pública en territorios extranjeros.
