Por Redacción Curar con Opinión
En un esfuerzo por frenar la propagación de enfermedades infecciosas en los centros penitenciarios de América Latina, distintos países de la región han intensificado acciones para eliminar el VIH, la tuberculosis, la hepatitis B y C, el sarampión y la difteria. Factores como el hacinamiento, la violencia y las dificultades para acceder a la atención médica han exacerbado la crisis sanitaria en estos entornos.
Para abordar esta problemática, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en conjunto con el Ministerio de Salud de Brasil, organizó una reunión regional en São Paulo los días 12 y 13 de febrero. En el evento participaron funcionarios de los ministerios de Salud, Justicia e Interior de 15 países, así como expertos, investigadores, organizaciones internacionales y representantes de la sociedad civil. Con más de 130 asistentes, tanto presenciales como virtuales, la reunión permitió compartir experiencias y estrategias de diversas naciones en la lucha contra las enfermedades infecciosas en las cárceles.
Mónica Alonso, jefa de la Unidad de VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales y Tuberculosis de la OPS, destacó que las cárceles de América Latina y el Caribe albergan a millones de personas provenientes de entornos vulnerables. Estas poblaciones enfrentan condiciones de hacinamiento y estigma, lo que limita su acceso a la atención sanitaria y agrava la transmisión de enfermedades como el VIH, la tuberculosis y la hepatitis C. “Estas enfermedades no solo afectan a los reclusos, sino también al personal penitenciario y a la comunidad en general”, subrayó Alonso.
La crisis carcelaria en la región se ve reflejada en el aumento de las tasas de encarcelamiento, las cuales han crecido más rápido en América del Sur y Central que en cualquier otra parte del mundo. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), en 2021 había más de 11 millones de personas privadas de libertad en todo el mundo, de las cuales el 32% se encontraban en las Américas. Estudios recientes han demostrado que los brotes de enfermedades infecciosas en estos centros pueden extenderse más allá de los muros penitenciarios, afectando a la población general.
Cíntia Rangel Assumpção, Coordinadora General de Ciudadanía y Alternativas Penales de la Secretaría de Política Penitenciaria Nacional de Brasil, enfatizó la necesidad de un enfoque intersectorial para combatir estas enfermedades. “Es fundamental abordar el hacinamiento y las deficiencias en las condiciones carcelarias, ya que son factores determinantes en la propagación de enfermedades. El acceso a un diagnóstico temprano y a tratamientos adecuados debe garantizarse sin discriminación”, afirmó.
Durante la reunión, la OPS presentó directrices específicas para la eliminación de la tuberculosis, el VIH, la hepatitis y la sífilis en prisiones, así como estrategias de vacunación adaptadas a esta población. Artur Kalichman, Coordinador General de Vigilancia del VIH/SIDA en el Ministerio de Salud de Brasil, resaltó la importancia de ampliar el acceso al diagnóstico y tratamiento como una prioridad de salud pública. “Estas acciones no solo benefician a quienes están dentro de las cárceles, sino a toda la sociedad”, aseguró.
Las personas encarceladas están desproporcionadamente afectadas por enfermedades infecciosas. En América Latina, la tasa de tuberculosis en cárceles es 50 veces mayor que en la población general. Además, los reclusos tienen 7,2 veces más probabilidades de vivir con VIH, y se estima que el 15% de ellos padecen hepatitis C, el 4,8% hepatitis B crónica y el 2,8% tuberculosis activa. “Debemos abordar esta crisis con un enfoque de derechos humanos, garantizando que las personas privadas de libertad reciban la atención que necesitan”, indicó Andrea Boccardi, Director de ONUSIDA en Brasil.
Entre las iniciativas presentadas, la OPS propuso una herramienta para mejorar la salud de la población carcelaria desde una perspectiva de derechos humanos. Asimismo, se delinearon próximos pasos, como la creación de un grupo de trabajo técnico regional, la implementación de estrategias de vacunación en prisiones y el fortalecimiento de la cooperación entre sectores y la sociedad civil para abogar por los derechos de las personas encarceladas.
La erradicación de enfermedades infecciosas en los centros penitenciarios no solo mejorará la calidad de vida de los internos, sino que también contribuirá a la salud pública en general. La colaboración entre los gobiernos, organizaciones internacionales y la sociedad será clave para garantizar que las cárceles de América Latina no sigan siendo focos de propagación de enfermedades prevenibles.
