El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, ha promulgado el Decreto de Necesidad y Urgencia 129, que determina el arancelamiento de la atención sanitaria para extranjeros clasificados como residentes transitorios y precarios en los hospitales de la provincia.
Por Dr. Daniel Cassola
La salud atraviesa un período de cambio que, aún, tiene resultado incierto. En particular, el sector público también parece estar ingresando en una nueva era. Esta medida del gobierno de Salta va en ese sentido. Sin embargo, se garantiza que la atención en casos de urgencia o emergencia no será negada.
La medida busca que los extranjeros en estas categorías contribuyan a sufragar los costos generados por su atención sanitaria en los centros de salud provinciales. Esto puede hacerse de forma directa o a través de un seguro de salud. Voceros gubernamentales señalan que la intención es salvaguardar la solvencia del sistema de salud público salteño, en medio de una crisis económica que afecta tanto a nivel nacional como provincial.
El documento, respaldado por todos los ministros del Ejecutivo salteño, establece que la atención en casos de urgencia o emergencia no puede ser negada ni restringida por razones humanitarias, independientemente de la categoría de residencia del extranjero. Sin embargo, el Estado provincial se encargará posteriormente de gestionar los medios para percibir los gastos ocasionados.
El Gobierno de Salta subraya la situación económica precaria de la provincia, afectada por la reducción de transferencias nacionales y la disminución de la recaudación. La inflación creciente encarece los insumos médicos diarios, medicamentos y elementos necesarios para la atención sanitaria, justificando la necesidad de medidas eficientes para la gestión de recursos.
La regulación de acceso al sistema de salud público para extranjeros se justifica por la ubicación geográfica de la provincia, que limita con tres países y recibe constantemente a un gran número de personas extranjeras en busca de atención médica. Se destaca la existencia de «tours sanitarios» desde diversos países, que demandan tratamientos prolongados y costosos, así como cirugías programadas.
El gobierno salteño considera imperativo adoptar medidas normativas que protejan la sustentabilidad y el funcionamiento adecuado del sistema de salud pública ante la demanda extranjera constante. La ley Nacional 25871 de Migraciones sirve como base para agrupar a los extranjeros en cuatro categorías: permanentes, temporarios, transitorios y precarios. Se establece que los residentes permanentes y temporarios recibirán atención sanitaria de manera igualitaria a los nacionales.
La Autoridad de Aplicación de este decreto será el Ministerio de Salud Pública, facultado para llevar a cabo las acciones necesarias y dictar la normativa para su operatividad. Este organismo será responsable de fijar los aranceles para cada prestación, debiendo mantenerlos actualizados e informar a quienes lo requieran. La medida busca asegurar el equilibrio financiero del sistema de salud y garantizar la atención a quienes más lo necesiten, sin descuidar la situación económica actual.
