El 11 por ciento de los fallecidos en el país eran migrantes

Por Redacción Curar con Opinión

Un estudio realizado por el Instituto de Investigación de Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) arrojó que el 11% de las muertes por Covid-19 entre marzo y septiembre correspondió a la población migrante en Argentina. Los contagios en este grupo alcanzaron el 7%.

La investigadora del Instituto y del Conicet, Natalia Debandi, explicó a RIO NEGRO que hasta el momento se desconocía el impacto de la enfermedad Covid-19 en términos epidemiológicos sobre la población migrante ya que el Ministerio de Salud Pública no publica la nacionalidad en los reportes.

Los datos analizados fueron brindados en octubre por la Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica del Ministerio de Salud de la Nación luego de dos pedidos de información pública. Entre abril y julio, el impacto de la enfermedad en las personas migrantes fue muy alto, alcanzando a representar el 19% durante el mes de mayo. Este valor corresponde al pico de la enfermedad en la Ciudad de Buenos Aires, la jurisdicción con mayor peso poblacional de las personas migrantes (13%) y en la que se registraron hasta septiembre la mayor cantidad de casos.

La información que detalla el informe coincide con lo que observa en otras regiones, como en Europa y en los Estados Unidos, donde “se ha constatado una mayor incidencia en términos de contagios y de fallecimientos sobre las personas migrantes y/o afrodescendientes”.

“Los números muestran, de alguna manera, lo que sospechábamos o veíamos a través de las entrevistas y seguimientos en los barrios”, reconoció la licenciada en Ciencias de la Computación y doctora en Ciencias Sociales. Sucede que pese al aislamiento, muchos migrantes dedicados al comercio y a los servicios de salud tuvieron que seguir trabajando  y quedaron expuestos a la infección. “Además de ese grupo sobreexpuesto, están las áreas más pobres con altas tasas de hacinamiento. Eso también impidió el resguardo”, precisó.

La investigadora planteó como agravante que las personas migrantes recién llegadas al país resultaron excluidas del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que exigía tener dos años de residencia legal permanente. “Esta población se vio excluida de las ayudas sociales. Tampoco podía abandonar el país porque las fronteras estaban cerradas. Por eso, muchas personas se vieron obligadas a salir de forma indiscriminada por subsistencia”.

En abril, a pocas semanas del inicio de la pandemia, el Espacio Agenda Migrante 2020 -que está conformado por más de 100 organizaciones de migrantes, de derechos humanos e instituciones académicas que abordan temas vinculados a la migración- realizó una consulta en línea para conocerla situación e impacto social y económico de la pandemia y del aislamiento social obligatorio sobre los migrantes.

Las respuestas fueron elocuentes. El 58% de las personas consultadas ya había perdido parte de sus ingresos, experimentaba problemas con el pago del alquiler o no estaba en condiciones para cumplir el aislamiento preventivo. El informe recalca que “sobre las condiciones de vida ya precarizadas en los últimos años de gran parte del colectivo migrante residente en Argentina, la pandemia –y el ASPO– impactaron de forma diferencial sobre las personas migrantes, ya sea por haber perdido sus fuentes laborales, por vivir en condiciones de hábitat incompatibles con el aislamiento o por tener que continuar realizando sus trabajos durante el período de mayor contagio, por ejemplo por ser parte de los trabajadores esenciales o simplemente por no tener otra opción”.

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