El debate sobre el aborto en la Argentina se ha vuelto recurrente, intenso y, paradójicamente, poco productivo. Se discute mucho, pero se avanza poco. Predominan la confrontación, la consigna y la descalificación, mientras se posterga una discusión seria que permita, al menos, comprender con claridad de qué estamos hablando.

Por Dr. Daniel Cassola

Este texto propone abordar el tema desde tres planos distintos que suelen confundirse y superponerse, entorpeciendo cualquier intento de solución: la ética, la biología/medicina y la justicia.

No se trata de jerarquizar uno por sobre otro, sino de separarlos, porque cada uno responde a lógicas diferentes y cumple funciones distintas. Cuando estos planos se mezclan sin orden, el debate se vuelve estéril y termina reducido a una oposición absoluta, donde nadie escucha y nadie convence.

La reflexión que sigue surge de una mirada personal, construida tras años de observar discusiones públicas que, una y otra vez, fracasan en su objetivo central: generar un marco claro, honesto y responsable para un problema complejo y profundamente sensible.

Por qué la ética no conduce a una solución

El primer plano desde el cual suele abordarse el aborto es el ético. Y, sin embargo, es también el menos apto para resolver el problema.

La ética es, por definición, personal. Está atravesada por la historia individual, la formación, las creencias, la cultura y las circunstancias de cada persona. No existe una ética única ni universalmente compartida. La ética de un médico no es la de un juez; la de un legislador no es la de una mujer que cursa un embarazo no deseado. Mucho menos pueden ser iguales en situaciones extremas, como una violación o un riesgo vital.

Por eso, pretender que la ética funcione como punto de partida para una solución colectiva es un error conceptual. No porque la ética carezca de valor, sino porque no es operativa: no puede imponerse, no puede consensuarse plenamente y no puede transformarse en norma común sin generar nuevas injusticias.

Las discusiones éticas, tal como se plantean hoy, no buscan resolver el problema, sino reafirmar posiciones irreconciliables. El resultado es siempre el mismo: una oposición total, sin puentes posibles y sin salida concreta.

La justicia, en cambio, no se rige por principios éticos individuales. Trabaja con verdades consensuadas, normativamente establecidas. No decide qué es moralmente bueno o malo, sino qué está permitido, prohibido u obligado dentro de un marco legal determinado. Reconocer este límite es indispensable para avanzar en una discusión seria.

Biología, medicina y un error de origen en el debate

El segundo plano desde el cual suele abordarse el aborto es el médico. Sin embargo, también aquí se comete un error conceptual: se le atribuye a la medicina una responsabilidad que no le corresponde.

Antes que médico, este es un hecho biológico. Y la biología es clara y no admite interpretaciones: la vida comienza con la concepción, es decir, con la unión del óvulo y el espermatozoide. Desde ese momento se inicia un proceso vital continuo que, de no ser interrumpido, culmina con el nacimiento.

Este dato no es una creencia ni una postura ideológica. Es un hecho biológico objetivo. Desde este punto de vista, no existe un “antes” y un “después” de la vida: existe el inicio de un proceso vital.

Lo que la biología no puede definir —y no le corresponde definir— es si ese inicio de vida constituye o no una persona humana con derechos jurídicos. Ese salto conceptual excede completamente al campo científico.

Aquí aparece uno de los grandes equívocos del debate público: se exige a los médicos que decidan lo que no pueden decidir. El médico puede afirmar cuándo comienza la vida biológica. Lo que no puede afirmar es cuándo esa vida adquiere categoría jurídica de sujeto de derechos. Esa definición no es médica; es legal.

Cargar sobre la medicina la discusión del aborto es injusto y conceptualmente incorrecto. El médico queda atrapado entre un hecho biológico indiscutible y un marco legal que no ha sido claramente resuelto, asumiendo una responsabilidad que debería estar previamente definida por el Derecho. La discusión real no es biológica ni médica: es jurídica.

La Justicia frente al aborto: límites legales y función real

Para comprender por qué la Justicia no puede resolver el conflicto del aborto, es imprescindible definir con precisión cuál es su rol dentro del Estado y sobre qué bases normativas actúa.

La Justicia no legisla. No crea derechos. No redefine conceptos fundantes del orden jurídico. Su función es estricta: interpretar y aplicar la ley vigente.

En el orden jurídico argentino, la vida humana está reconocida desde la concepción y se extingue con la muerte. Esta definición no surge de una interpretación médica ni de una reflexión ética, sino que forma parte del marco normativo vigente. Mientras esa norma esté en vigor, la Justicia está obligada a respetarla.

Desde el punto de vista jurídico, interrumpir de manera voluntaria una vida humana solo admite dos encuadres posibles:

            •          Antes del nacimiento: aborto

            •          Después del nacimiento: homicidio (o asesinato, según el tipo penal)

No existe una tercera categoría legal. La utilización de términos como “interrupción”, “procedimiento” o “decisión” no modifica el hecho jurídico central: se trata de poner fin deliberadamente a una vida humana. El Derecho no se rige por eufemismos, sino por definiciones normativas.

Un juez no puede establecer cuándo comienza la vida, decidir cuándo una persona adquiere derechos jurídicos ni aplicar una norma que contradiga una ley de jerarquía constitucional. Hacerlo implicaría violar el principio de legalidad. Cuando se le exige a la Justicia que “resuelva” el aborto, en realidad se le pide que actúe fuera de la ley.

Por eso, la Justicia no resuelve este conflicto: solo puede expedirse dentro del marco legal existente. Colocar a los jueces en el centro del problema es un error conceptual que los expone como responsables de una falta de solución que no depende de ellos.

Dónde está realmente la responsabilidad

Luego de recorrer los planos ético, médico y jurídico, el problema queda expuesto con claridad:

            •          La medicina describe la vida, pero no legisla.

            •          La ética reflexiona sobre valores, pero no crea normas.

            •          La Justicia aplica la ley, pero no la escribe ni puede contradecirla.

Todos son actores obligados, pero no decisores finales.

La responsabilidad es exclusiva del Poder Legislativo. Son los diputados y senadores quienes tienen la potestad y la obligación de decidir si la norma de fondo debe mantenerse o modificarse. Cualquier cambio real exige revisar explícitamente la ley, no dictar normas que la contradigan ni desplazar el conflicto hacia otros poderes del Estado.

Mientras el Congreso no asuma esa responsabilidad, el debate sobre el aborto no tiene solución. No por falta de argumentos ni por complejidad moral, sino porque el punto de partida jurídico permanece intacto.

Seguir discutiendo sin modificar la norma es sostener una ilusión. Y hacerle creer a la sociedad que el problema se resuelve desde la Justicia, la medicina o la ética no es un error: es una falta de honestidad institucional.

La solución, si se busca una, empieza y termina en el mismo lugar: en quienes hacen las leyes.