La encrucijada tucumana
Por Dr. Daniel Cassola
Luego de que finalizara el escrutinio definitivo de las elecciones tucumanas, que llevó alrededor de un mes, un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia determinó que los comicios carecen de validez y dispuso que se realice una nueva votación.
Según el fallo hubo una asociación ilícita para beneficiar al candidato del oficialismo Juan Manzur. Esto se dio en un contexto en el que el Acuerdo por el Bicentenario, el frente que lleva como candidato a José Cano, denunció prácticas clientelares, enfrentamientos durante la elección, mesas constituidas sin la presencia de fiscales opositores, alteraciones en la custodia de las urnas, adulteración de padrones y manifiesta parcialidad de la Junta Electoral.
La situación actual en Tucumán es de incertidumbre porque los tiempos de los mandatos son apremiantes. El actual gobernador José Alperovich debe dejar su cargo el 29 de octubre.
Los pasos a seguir por el Frente Para la Victoria y la oposición seguramente sean los siguientes. El FPV va a apelar el fallo de la Cámara para llevarlo a la Corte Suprema de la provincia. Allí, según la oposición, hay un tribunal controlado por Alperovich, por lo que si se revierte el fallo la coalición liderada por Cano va a apelar el caso a la Corte Suprema de la Nación.
Todo esto no va a concluir antes del 29 de octubre. Entonces, va a haber un gobernador con mandato vencido y una elección nula.
Alperovich y Manzur ya expresaron que no consideran llamar a nuevas elecciones. La opción que aparece en el horizonte es la intervención de la provincia.
Desde el oficialismo nacional ya incluso se barajan los nombres de Julián Álvarez, viceministro de Justicia, del diputado Julián Domínguez y hasta se mencionó al Ministro de Transporte Florencio Randazzo.
Ahora bien, la situación que se vive en Tucumán no encuadra dentro de lo que prevé la Constitución Nacional para una intervención. Ayer el constitucionalista Ricardo Gil Lavedra expresó que en la provincia no está en riesgo la forma republicana de gobierno, no hay una invasión exterior y no hubo autoridades depuestas por actos de sedición.
Además, la intervención debe ser dispuesta por el Congreso Nacional, salvo en época de receso cuando puede hacerlo el Poder Ejecutivo. Por más que el Congreso esté trabajando poco por el año electoral nos encontramos en período de sesiones ordinarias.
Por todos estos motivos en Tucumán se vive una encrucijada legal, política y social. Como nos dijo ayer el doctor Ricardo Monner Sans, esperemos que se cumpla con lo más importante, que es respetar la voluntad del pueblo.

