El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) se encuentra, otra vez, en el centro de la polémica tras una serie de denuncias relacionadas con un millonario proceso de licitación para la compra y distribución de pañales para sus afiliados.
Por Dr. Daniel Cassola
El tema ha desatado fuertes críticas tanto desde sectores de la oposición como desde dentro del propio oficialismo libertario, al tiempo que el gobierno defiende la medida como un avance hacia la eficiencia y la eliminación de intermediarios.
Según revelaron distintos medios, la licitación en cuestión involucra aproximadamente $11.000 millones y ha generado sospechas sobre presuntos beneficios otorgados a una empresa sin antecedentes en el rubro, identificada como Farmandina. Dicha firma, a pesar de no contar con experiencia probada en la logística necesaria para una distribución de tal magnitud, habría sido una de las principales adjudicatarias del contrato.
Fuentes periodísticas y políticas han señalado que detrás del otorgamiento habría vínculos con funcionarios libertarios cercanos al círculo de poder. En particular, se menciona la existencia de internas dentro del gobierno que habrían incidido en el direccionamiento de la licitación, generando fuertes tensiones dentro del oficialismo y renovando cuestionamientos sobre prácticas de transparencia en el manejo de recursos públicos.
Frente a las críticas, el gobierno nacional defendió el nuevo sistema de distribución directa de pañales, argumentando que se trata de una medida para terminar con el modelo de entrega a través de intermediarios. El vocero oficial Manuel Adorni, al anunciar el nuevo esquema, destacó que este cambio busca mejorar la calidad del servicio, reducir costos y garantizar que los afiliados reciban los productos en tiempo y forma.
De acuerdo con el comunicado oficial, el nuevo método elimina los convenios con farmacias y apunta a una logística centralizada que asegure un suministro más eficiente. A su vez, remarcaron que la licitación fue pública y transparente, e invitaron a que se audite el proceso si así se considera necesario.
Más allá de las explicaciones oficiales, lo cierto es que las dudas en torno al procedimiento de adjudicación, los antecedentes de las empresas involucradas y las internas dentro del gobierno plantean serios interrogantes sobre la gestión del PAMI, una de las cajas más importantes del Estado.
El caso vuelve a poner en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas en organismos clave para la atención de millones de jubilados. La magnitud de los fondos en juego y la sensibilidad social del servicio que brinda PAMI hacen imprescindible que cualquier cambio en su funcionamiento esté acompañado de la más absoluta transparencia.
