Por Redacción Curar con Opinión
Desde que se implementó el arancelamiento de la atención médica para extranjeros en los hospitales públicos de Salta, se ha registrado una marcada disminución del 90 por ciento en los cruces del río Bermejo, donde antes unos 8.000 pacientes bolivianos acudían aprovechando la gratuidad del servicio. Este cambio en la política de salud pública de la provincia ha generado repercusiones tanto a nivel nacional como internacional, impactando en las relaciones bilaterales entre Argentina y Bolivia.
La medida adoptada por el gobierno salteño, que establece tarifas para diferentes servicios médicos brindados a extranjeros, ha sido motivo de debate y controversia. Por un lado, algunos sectores políticos locales han respaldado la iniciativa, argumentando la necesidad de garantizar un trato equitativo en el acceso a la salud para argentinos y extranjeros. Por otro lado, se han suscitado críticas y preocupaciones en torno a la efectividad y la ética de cobrar por servicios médicos en situaciones de emergencia.
El caso del docente salteño Alejandro Benítez, fallecido en Bolivia por falta de atención médica, ha puesto de relieve la complejidad de esta problemática y ha exacerbado las tensiones entre ambos países. Esta situación, sumada a las denuncias de argentinos que han enfrentado dificultades para recibir atención médica en centros de salud bolivianos, ha intensificado el debate sobre el acceso a la salud en la región fronteriza.
Frente a este escenario, el ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, ha destacado la reducción significativa en la afluencia de pacientes extranjeros debido al arancelamiento de los servicios médicos. A pesar de ello, se mantiene el compromiso de brindar atención médica a aquellos que la requieran, garantizando la calidad del servicio y buscando alternativas de financiamiento para aquellos que no puedan costear el tratamiento.
