Por Redacción Curar con Opinión
El Senado uruguayo aprobó este miércoles la ley de eutanasia, bautizada “Muerte Digna”, convirtiendo al país en el primero de América Latina en despenalizar la muerte asistida mediante una norma legal. La iniciativa, impulsada por el Frente Amplio (FA), recibió 20 votos a favor sobre un total de 31 senadores presentes, tras haber obtenido media sanción en la Cámara de Diputados en agosto pasado.
Con esta decisión, Uruguay se suma a una lista selecta de países que permiten la eutanasia, entre ellos Canadá, Holanda, Nueva Zelanda y España. En la región, solo Colombia y Ecuador habían avanzado en el mismo sentido, aunque a través de fallos judiciales y no por vía legislativa. La nueva ley uruguaya establece un marco regulado para que las personas que padecen enfermedades terminales o sufrimientos insoportables puedan solicitar asistencia médica para morir de manera voluntaria y digna.
El texto aprobado fija condiciones estrictas: el solicitante debe ser mayor de edad, ciudadano o residente uruguayo, estar psíquicamente apto y atravesar una etapa terminal de una patología incurable o con un deterioro grave de la calidad de vida. El procedimiento podrá ser rechazado por el médico al que se le presente la solicitud, en cuyo caso el paciente puede acudir a otro profesional. Si ambos se niegan, una junta médica integrada por tres especialistas —entre ellos un psiquiatra y un experto en la patología del paciente— deberá evaluar el caso.
El proceso incluye varias instancias previas y la posibilidad de arrepentimiento en cualquier momento. El paciente deberá expresar su voluntad por escrito ante testigos, y el procedimiento solo podrá realizarse una vez que un segundo médico confirme la decisión inicial. La ley también crea una comisión de revisión de casos que informará anualmente sobre su aplicación.
Los procedimientos de eutanasia podrán realizarse en instituciones públicas como la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), el Hospital de Clínicas, y también en mutualistas y seguros privados, aunque las clínicas privadas con fines de lucro no podrán ofrecer este servicio. Legalmente, las muertes producidas bajo esta ley se considerarán naturales.
La norma obtuvo un amplio respaldo social: una encuesta de la consultora Cifra, presentada en mayo, reveló que el 62 % de los uruguayos apoya la legalización de la eutanasia, frente a un 24 % que la rechaza. Para activistas como Florencia Salgueiro, de la agrupación Empatía, la ley representa “un acto de respeto hacia la voluntad de los adultos que deciden poner fin a su sufrimiento”.
El Colegio Médico de Uruguay evitó pronunciar una posición institucional, aunque participó en la elaboración del texto para garantizar seguridad jurídica y ética tanto para los pacientes como para los profesionales. En contraste, la Iglesia Católica expresó su “tristeza” por la aprobación y varias organizaciones civiles manifestaron su oposición, calificando la redacción como “deficiente y peligrosa”.
