Volvieron a presentar la Ley de Humedales en Diputados tras perder estado parlamentario

Por Redacción Curar con Opinión

Un grupo de diputados nacionales y organizaciones ambientales, sociales y científicas volvieron a presentar ayer, miércoles, en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de Ley de Humedales, cuyo dictamen perdió estado parlamentario en diciembre pasado.

Se trata de un proyecto que recibió dictamen en noviembre pasado en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados, presidida hasta diciembre por el diputado del Movimiento Evita, Leonardo Grosso, donde se había logrado consensuar un texto basado en una decena de iniciativas.

El dictamen propone, entre otras cuestiones, penalizar los incendios intencionales en estos territorios, regula la aplicación de sustancias contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier origen, fumigaciones incluidas.

La iniciativa también crea un Inventario Nacional de Humedales, que consiste en un mapa que daría cuenta de dónde están los humedales en Argentina, qué características tienen y qué función cumplen en cada lugar.

En declaraciones a Télam, Grosso sostuvo que “es un proyecto que tiene un gran consenso porque fue producto de mucho debate, cientos de organizaciones, científicos y empresarios aportaron sus ideas para construir el mejor proyecto de ley de protección de humedales”.

“Realizamos cuatro audiencias públicas en las cuales expusieron todos los sectores involucrados y, además, conformamos distintas mesas de trabajo entre los distintos actores interesados para que se logre un proyecto uniforme”, recordó el legislador.

En ocasión del Día Mundial de los Humedales, el 2 de febrero pasado, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, anunció la conformación de una mesa de trabajo para elaborar un nuevo proyecto de ley, “con diálogo y con una visión federal”.

La sanción de una norma que proteja y regule el uso de los humedales -que representan el 21% del territorio nacional- es reclamada además por distintas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Greenpeace, Amnistía Internacional, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Eco House, entre otras.

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