Por Redacción Curar con Opinión
Más de 100 organizaciones
científicas, académicas, de la sociedad civil y referentes del ámbito de la
salud de toda la región de América Latina firmaron una declaración donde
solicitan a las y los Diputados de la Nación que aprueben el proyecto de
etiquetado de alimentos sin demoras ni cambios. El proyecto ya cuenta con media
sanción: fue aprobado casi por unanimidad, y por todas las fuerzas políticas en
la Cámara de Senadores de la Nación.
Ahora es el turno de la Cámara de Diputados donde el proyecto tendrá giro a
tres comisiones: legislación general; acción social y salud pública; y defensa
del consumidor. La industria de alimentos y bebidas, así como sus grupos
aliados, muestran un gran rechazo al proyecto y buscan obstaculizar el proceso
a través de argumentos falsos y amenazas de posibles impactos negativos de esta
medida. De esta manera, priorizan intereses particulares por sobre el objetivo
central del proyecto que es garantizar el acceso a la información, de forma
simple y rápida, sobre el contenido real de los productos de consumo y la
evidencia es contundente sobre su efectividad:
La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y Organización Panamericana de la Salud (OPS) han reconocido al sistema frontal de advertencias de octógonos negros como una de las medidas recomendadas para regular la producción y desincentivar el consumo de productos con alto contenido de azúcar, sal y grasas.
En base a estudios realizados por el Ministerio de Salud de la Nación, el perfil de nutrientes que más se adecúa a las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA) es el diseñado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
En este marco, las organizaciones y
referentes nacionales, regionales e internacionales que firmaron la declaración
solicitan que la Cámara de Diputados priorice el derecho a la salud, la
alimentación adecuada y el derecho a la información de toda la población en
general, y en especial de niños, niñas y adolescentes. A su vez, piden que se
generen procesos de deliberación, diseño, sanción e implementación de políticas
públicas libres de conflicto de interés de las corporaciones e industrias
alimenticias y de bebidas azucaradas.
“La voluntad política y la intención de proteger la salud por sobre cualquier
otro interés o presión debe primar. Los gobiernos deben implementar medidas
basadas en evidencia científica sólida y libre de conflicto de interés que
protejan el derecho a la información, a la salud y a la alimentación adecuada”,
concluyó Leila Guarnieri, investigadora de FIC Argentina.
