Por Redacción Curar con Opinión
El Ministerio de Salud de la Nación anunció una reforma estructural en el sistema de control alimentario mediante el Decreto 538/2025, en el marco de una estrategia más amplia de transformación del Estado. La medida tiene como eje central la disolución de la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) y la modificación del Decreto N° 815/1999, con el objetivo de agilizar los procesos regulatorios y mejorar la eficiencia en la actualización del Código Alimentario Argentino (CAA), sin comprometer los estándares sanitarios existentes.
Según informó oficialmente la cartera sanitaria, la responsabilidad de la actualización del CAA pasará ahora directamente a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), a través del Instituto Nacional de Alimentos (INAL), junto con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Ambos organismos cuentan con equipos técnicos especializados que permitirán tomar decisiones más rápidas, basadas en evidencia científica y con mayor capacidad de respuesta ante las dinámicas del sector alimentario.
Entre los principales cambios también se encuentra la modernización del Sistema Nacional de Control de Alimentos. A partir de ahora, se fortalecerá el uso de la Base Única de Datos —actualmente conocida como SIFEGA—, que estará a cargo de la ANMAT. Esta base será actualizada de forma diaria por los organismos participantes, lo que permitirá mejorar la trazabilidad de los productos, la vigilancia permanente, el monitoreo de infracciones y el registro general del sistema.
En línea con los principios de eficiencia y digitalización, el nuevo esquema elimina estructuras que se consideran obsoletas, como la figura de las “cabinas sanitarias” en rutas o ciertas campañas preventivas, las cuales ahora son responsabilidad directa de los organismos técnicos según su jurisdicción. Además, todos los trámites regulatorios relacionados con el CAA deberán resolverse en un plazo máximo de 15 días hábiles, lo que busca aportar previsibilidad y dinamismo al sector productivo.
El Ministerio de Salud aseguró que las autoridades sanitarias de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continuarán siendo parte del sistema, con funciones de fiscalización en sus territorios y participación activa en la toma de decisiones mediante el uso de la base de datos nacional.
