Unicef Argentina presentó un informe en la Cámara de Diputados, basándose en el proyecto de Presupuesto 2025 propuesto por el actual gobierno, que incluye un posible recorte en los recursos destinados a los programas de vacunación.
Por Dr. Daniel Cassola
Según este informe, si se considera la inflación proyectada oficialmente (18,3%), el recorte en vacunas sería del 24% en términos reales; sin embargo, si se toman las estimaciones de inflación del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), el recorte podría alcanzar el 35%.
Esta reducción presupuestaria preocupa a nivel nacional y regional, especialmente en el contexto de un reciente alerta epidemiológica emitida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) debido a casos de sarampión en ocho países, donde Estados Unidos, Canadá y Argentina lideran en cantidad de confirmados. En Argentina, los 11 casos reportados afectan a personas de entre 18 meses y 34 años, ninguna de las cuales estaba vacunada. La OPS enfatizó que el 57% de los casos confirmados en la región corresponden a personas sin inmunización, lo que subraya la urgencia de cerrar las brechas en la cobertura.
El informe de Unicef se centra en los riesgos de desfinanciamiento en el área de salud, señalando que el Programa de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles podría sufrir una importante reducción en su capacidad de compra y distribución de vacunas. Según el presupuesto propuesto, el monto asignado a este programa pasaría de $240.588,31 millones en 2024 a $250.029 millones en 2025, un aumento nominal del 3,9%, que queda muy por debajo de la inflación proyectada.
La Sociedad Argentina de Pediatría también ha emitido una advertencia, señalando que, aunque el nivel de vacunación se ha recuperado desde el declive durante la pandemia, en 2023 el porcentaje de lactantes que completaron el esquema primario de vacunación fue igual o inferior al 80%, muy por debajo de la meta óptima del 95% necesaria para una cobertura universal.
Oscar Atienza, miembro de la Mesa Permanente en Defensa de la Salud, expresó su preocupación sobre el incremento de enfermedades prevenibles, como la parotiditis y la varicela, vinculadas a la falta de vacunación. “Es alarmante que se estime que el 50% de los niños no tiene al menos una vacuna del calendario, lo que los deja expuestos a enfermedades antes controladas”, afirmó Atienza.
El informe de Unicef resalta que otras áreas dirigidas a la niñez y la adolescencia también enfrentarían una contracción presupuestaria significativa. La partida para el Programa de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) podría reducirse en un 27% según la inflación oficial, y hasta un 38% de acuerdo con las proyecciones del REM, profundizando la caída presupuestaria de este programa respecto a 2024. “Esto pone en riesgo la provisión de insumos y el sostenimiento de los avances logrados desde la implementación del ENIA en 2017”, subraya el informe.
Por otra parte, el Plan 1000 Días, enfocado en la salud integral del embarazo y la primera infancia, tendría un aumento presupuestario significativo, que alcanzaría el 255% si se cumple la inflación oficial y el 204% bajo las proyecciones del REM. Este aumento responde a la prioridad del gobierno de fortalecer la atención temprana y prevenir problemas de salud en los primeros años de vida.
Yanina Nano Lembo, secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, defendió la eficiencia del proyecto de Presupuesto, destacando que busca mejorar la calidad de vida de las familias a través de la asistencia directa. «La Prestación Alimentar se ha incrementado en un 138% desde el inicio del año, lo que junto con la AUH cubre casi el 100% de la Canasta Básica Alimentaria para los niños beneficiarios», afirmó la funcionaria.
Sin embargo, Unicef y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) expresaron su preocupación sobre el artículo 68 del proyecto, que elimina el ajuste automático de las asignaciones, dejando a las familias de menores ingresos expuestas a posibles decisiones discrecionales en el presupuesto. Esto podría permitir al Poder Ejecutivo ajustar las partidas destinadas a la AUH, la Asignación por Embarazo (AUE) y la Prestación Alimentar, lo que afectaría los ingresos de muchas familias vulnerables en caso de un contexto inflacionario desfavorable.
